Congresista y activistas de Perú se unen al pedido de justicia para Jesús Baena Saucedo, magistrade hallado muerto en México

La legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), activistas y otras organizaciones que defienden los derechos de la diversidad en el país se unieron este martes al pedido de justicia para le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, primer jurista de género no binario hallado muerto en su domicilio de Aguascalientes (México), donde había denunciado amenazas de muerte.

Paredes, primera diputada abiertamente lesbiana, lamentó la noticia en sus plataformas sociales mientras México vivía una inédita movilización nacional con vigilias y protestas en más de 30 ciudades, donde entre las principales consignas gritaron “crimen pasional, mentira nacional”, para acusar a la Fiscalía de Aguascalientes de buscar dar carpetazo al asunto.

“México y Latinoamérica no solo perdió une magistrade. Perdimos a une incansable defensore de los derechos LGBTIQ+. Vuela alto, magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. ¡Exigimos a las autoridades mexicanas justicia para Ociel!”, anotó en la congresista X, antes Twitter.

“El mayor temor de nuestras madres es que un día un LGBTIfóbico acabe con nuestras vidas y no volvamos a casa. He visto llorar a mi madre más de una vez por eso, y yo solo la abrazo y la tranquilizo”, escribió Apolaya en un mensaje con la etiqueta “magistrade con orgullo”.

“El activismo mexicano LGBTIQ+ viene denunciando hace mucho tiempo la inseguridad que se vive en el país. Sumamos muertos LGBTIQ+, mientras gente infeliz se burla del uso de la letra ‘e’, mofándose de nuestro derecho a existir”, siguió.

De igual modo, los promotores de la marcha por la diversidad enviaron condolencias a la familia y amistades del jurista, y remarcaron que “sus enseñanzas desde el campo jurídico” quedarán para la historia. “Borrarán su cuerpo físico, pero jamás lo que nos deja como herencia al colectivo LGTBIQ+ en Latinoamérica. ¡Justicia!”, se lee en su pronunciamiento.

“Este organismo inicia de oficio queja por los hechos, y destaca el tratamiento poco adecuado dado hasta ahora por las autoridades ministeriales de la entidad, que además de requerir de ellas una respuesta pronta y expedita, no puede ser ajena a la condición de género de las víctimas”, indicó el organismo en un comunicado.

También exigió un “estándar de debida diligencia” por ser un delito que podría relacionarse con “la orientación sexual, identidad de género, expresión de género —real o percibida— y/o respecto a las características sexuales de las personas, toda vez que pueden constituir una expresión de odio”.

Momentos antes de que la Fiscalía revelara sus hipótesis, el Gobierno federal pidió realizar la pesquisa desde una perspectiva LGBTI, lo que implicó la primera postura oficial de la administración de Andrés Manuel López Obrador sobre la noticia.

“De igual forma, que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar el caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad”, expuso Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.