JNJ ratifica a Javier Arévalo como juez supremo por siete años más

Este lunes 30 de octubre, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) votó por unanimidad para que Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, continúe en el cargo de juez supremo por siete años más.

Dicha decisión se tomó luego de escuchar el informe presentado por el funcionario como parte de la Convocatoria 001-2021-Ratificación/JNJ, en el que destacó sus aportes a la judicatura en la especialidad laboral cuando se desempeñó, primero, como presidente de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria (PSDCST) de la Corte Suprema de Justicia, y, luego, en la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria (SSDCST).

Durante su intervención, destacó que cuando fue titular de la PSDCST trabajó para dar atención prioritaria a los expedientes que involucran a adultos mayores y que durante su gestión al frente de la SSDCST no se registraron demoras en la emisión de sentencias. Además, que los expedientes fueron resueltos en los plazos establecidos por la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Luego de lo expuesto, el titular del PJ absolvió las consultas de Aldo Vásquez Riós y José Ávila Herrera, integrantes de la JNJ.

El sucesor de Elvia Barrios, primera mujer en presidir el Poder Judicial, fue elegido el 2 de enero del 2023. El abogado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 26 años de carrera en la institución y once como juez supremo titular, venció por nueve votos a Héctor Lama, quien obtuvo seis.

Durante la presentación de su plan de trabajo, mencionó como poderes fácticos a opinólogos que intentan influir en las decisiones judiciales. “Las voces de las mayorías, no siempre son la voz de la justicia”, remató.

Dicha manera de pensar también la dejó en claro cuando fue citado por la Comisión de Justicia del Congreso, donde se le consultó si recibió presiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o de otros jueces para emitir un pronunciamiento a favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por la representación nacional.

“Pidieron la sala plena porque es su facultad. Y yo tenía que convocarla. Eso fue todo. No es que presionaron, que vinieron, que dijeron. Todo eso son puros titulares periodísticos. Se ha abierto una investigación por el dicho de alguien”, dijo.

A su turno, el presidente del Poder Judicial no solo se refirió a lo ocurrido como la “historia de una noticia mal contada”, sino que aseguró que “ni el Congreso, ni la JNJ, ni la fiscalía pueden andar abriendo investigaciones por chismes”.

“Estoy acá para contestar qué pasó: a mí nadie me presiona […] A mí nadie me ha presionado, les preciso. Ellos no me han presionado y no se los permitiría [...] Yo no me he sentido presionado. A mí nadie me presiona, porque el que me presiona, sabe cómo voy a responder”, agregó.

En la víspera, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Luz Tello de Ñeco, Humberto de la Haza Barrantes, y Guillermo Thornberry Villarán, interpusieron una acción de amparo a fin de “declarar la nulidad del acuerdo adoptado el 7 de setiembre de 2023, mediante el cual el Pleno del Congreso”.

En ese sentido, solicitaron que “se declare la nulidad de todo lo actuado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en virtud del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Congreso de la República aprobó la Moción de Orden del Día 7565, así como la nulidad de todas las acciones y acuerdos que pudieran derivarse respecto de la dicha moción, orientados a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia”.