A pesar de que el Congreso de la República cuenta con más del 80 por ciento de desaprobación ciudadana por los reiterados escándalos que sus integrantes protagonizan, se siguen impulsando medidas que vulnera la separación de poderes con otras instituciones. Así se podría desprender de una polémica iniciativa que apunta al sistema de justicia desde la bancada de Renovación Popular.
El congresista Miguel Ciccia Vásquez es el autor de una polémica iniciativa que busca modificar la composición de los integrantes del Consejo Ejecutivo (CE) del Poder Judicial, que es el órgano que tiene a su cargo las funciones, las atribuciones señaladas de acuerdo a la ley orgánica de esta institución, y la dirección técnico-administrativo.
Actualmente, el CE del Poder Judicial está conformada por el presidente de este poder del Estado, dos jueces elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema, un juez superior titular elegido por los presidentes de las Cortes Superiores, un juez titular especializado o mixto, y un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú (CAP). Todos ellos tienen un mandato que dura dos años.
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No obstante, la idea del legislador de Renovación es que haya modificaciones. Por ejemplo, la Sala Plena de la Corte Suprema solo elegirían a un solo juez y ya no dos como se encuentra actualmente establecido. Además, se busca que las Cortes Superiores de Lima tengan su propio asiento. A esto también se agrega que se le quita espacio al CAP para que entre un juez titular de paz letrado.
La propuesta legislativa de Ciccia cuenta con el respaldo de sus colegas José Cueto, Javier Padilla, Jorge Montoya, Alejandro Muñante y Jorge Zevallos. Además, ya pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que es liderado por la legisladora Janet Rivas de Perú Libre.
Esta iniciativa que interfiere en el sistema judicial se suma otras como la promovida por Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso (APP). Hace días informamos que el legislador también plantea que si un juez —que se encuentra con licencia— podría ser reemplazado en amparo al principio de inmediación en caso no asista a las audiencias que le corresponde.
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Además, en los casos complejos y de crimen organizado, el juicio oral podría interrumpirse para que otro magistrado asuma el puesto. Lo mismo podría pasar si el colegiado de tres magistrados dejen de concurrir y se prevea que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento.
Control del Minedu y la Sunedu
Hay que recordar que Ciccia también promovió otra cuestionada propuesta que creó una comisión que se encargará de monitorear y controlar cada acto que el Ministerio de Educación (Minedu), la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Para la comisión especial, que funcionará para el periodo 2023-2026, se acreditó a ocho integrantes que elaborarán un informe que será sustentado ante la representación nacional. Entre los representantes estarán parlamentarios que han respaldado las contrareformas educativas como Tania Ramírez (Fuerza Popular), Esdras Medina (Unidad y Diálogo), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Alex Paredes (Bloque Magisterial).
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