Luego del Consejo de Ministros, los titulares de las carteras dieron un resumen ante los medios de comunicación sobre los acuerdos adoptados. Una de las medidas más resaltantes fue la modificación del Código Penal, a través de dos decretos supremos, con el fin de combatir el reingreso de los extranjeros expulsados.
Alberto Otárola, jefe del gabinete ministerial, explicó que ampliaron los delitos por los que las personas que vengan de otro país puedan ser retirados del territorio nacional. Ahora, quienes cometan ilícitos como “homicidio, violación sexual, sicariatos, secuestro, trata de personas —en sus diversas modalidades—, y quienes promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados, serán drásticamente sancionados”.
En ese sentido, a fin de facilitar el trabajo de la Policía y los fiscales, se incrementó el plazo respecto al control de la identidad policial y plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país.
“¿Qué pasaba? Que la Policía Nacional del Perú solo tenía cuatro horas para la plena identificación de estas personas; esto promovía que rápidamente vengan los abogados y se genere una impunidad cuando no se podía acreditar la identidad, procedencia o los datos básicos de estas personas, por lo que este plazo se amplía a 12 horas, en cuyo término la policía va a poder hacer el trabajo. Y, si está en situación de flagrancia, proceder conforme a ley para la sanción y detención inmediata de estas personas”, mencionó el premier.
“Lo repito, no es que el Perú tenga un especial énfasis respecto a la procedencia migratoria de algunas personas. Existen miles de ciudadanos extranjeros que están trabajando legalmente en el Perú y gozando de la protección de los sistemas de salud y educación. Nos referimos a ese pequeño grupo de extranjeros que vienen causando tanto daño a la sociedad peruana y que, de esta manera, a través de estos decretos legislativos, van a merecer una acción inmediata por parte de nuestras autoridades”, sentenció.
A su turno, el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, declaró que las personas que intenten retornar al país, pese a haber sido expulsados por delitos o procesos administrativos ante Migraciones, afrontarán la pena privativa de la libertad.
“Este hecho ha sido debidamente identificado, analizado y se ha propuesto la fórmula legal para quienes pretendan regresar porque van a cometer un delito y, al hacerlo, van a ser sujetos de prisión. Se va a coordinar, incluso, el proceso de flagrancia porque esto es un delito que automáticamente se va a identificar y se va a tener la información a la mano con Migraciones, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Vamos a acabar inmediatamente con este aparente espacio que tenían los extranjeros de poder reingresar al país”, agregó.
Extranjeros que no regularicen su calidad migratoria también serán expulsados
Como se recuerda, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, ha sido enfático en que las personas que residan en el país de manera irregular tienen hasta el 10 de noviembre para actualizar su condición. De lo contrario, se procederá con la expulsión.