El jefe del gabinete, Alberto Otárola, anticipó este lunes que el Gobierno impondrá “sanciones drásticas” en el Ejército si confirma, después de una auditoría ya iniciada por el Ministerio de Defensa, que las granadas de guerra búlgaras empleadas por criminales en los ataques recientes salieron de sus almacenes.
El caso fue expuesto en Cuarto Poder por el comandante Juan Chenet, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quien refirió que de las 177 granadas encontradas este año, 18 fueron de la marca Arsenal y modelo GHD-2, un tipo de explosivo peligroso por su modernidad y porque puede alcanzar cerca de 80 metros de radio.
“Lamentamos mucho estos últimos acontecimientos. El Ministro de Defensa anunció una auditoría respecto a estas armas de todos estos instrumentos que están en los cuarteles. Seguramente, se dará un informe en los próximos días sobre esta situación”, dijo el premier en una rueda de prensa.
“Si estas granadas o armas provienen de una organización de tipo militar o de un cuartel policial o militar, estas personas serán drásticamente sancionadas. No podemos permitir que este avituallamiento que el Estado adquiere para la protección de los peruanos sea empleado por delincuentes”, siguió.
En una nota enviada al medio, el Ejército admitió que en sus almacenes cuentan con este tipo de explosivos desde el 2014, aunque aseguró que hasta la fecha “no se han reportado ni pérdidas ni sustracciones”.
Para la Policía es difícil determinar cómo acabaron en manos del crimen organizado, pues la mayoría tienen sus códigos borrados y eso no permite realizar la llamada trazabilidad, es decir, la verificación de qué modelo o marca es, y sobre todo qué Fuerzas del Orden las compararon.
“Nadie sabe cuántas se han utilizado realmente [...] A mí me afectaban para ir a la zona de emergencia, yo regresaba y decía ‘las utilicé todas’. ¿Quién sabe si las utilicé todas?”, cuestionó Chenet.
“Nos preocupa particularmente por el daño que puede causar [...] en intervenciones de delitos bastante graves, principalmente, el de extorsión. Lo de San Juan de Lurigancho lo calificaría como atentado terrorista”, añadió.
Según el jefe de la UDEX, abril fue el mes con más intervenciones policiales por granadas (85). Le siguen mayo (19) y el último septiembre (24), cuando el Gobierno declaró nueve distritos del país, dos de ellos en Lima, en estado de emergencia.
Este lunes, además, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo para expulsar a extranjeros sentenciados al término de su condena, y otra norma para extender el plazo de identificación de extranjeros otorgado a la Policía Nacional (PNP).
Con relación al segundo, detalló que “modifica el Código Procesal Penal respecto al control de identidad policial y plena identificación del extranjero”. Hasta ahora, la PNP solo tenía cuatro horas para esa tarea, lo cual “promovía la impunidad”, pero ahora el plazo se ha extendido a 12 horas.
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