Transcendió en medios locales que los sindicatos de la ineficiente empresa estatal Petroperú, así como algunos “iluminados” politólogos, señalaron a las empresas privadas como las responsables de que la producción de petróleo se situara en 40 mil barriles por día, frente a los 80 mil o más de períodos anteriores. Si bien es cierto que los números oficiales de Perupetro confirman tal desempeño, habría que determinar a qué obedece dicho resultado.
Como es lógico, toda actividad productiva requiere de inversión para crecer, para generar, para producir; sin ella, los resultados son cada vez menores. En el caso del sector hidrocarburos, particularmente en lo que se refiere a la producción de petróleo, en los últimos 10 años, las inversiones anuales en exploración y explotación cayeron notablemente. En el primer caso, pasaron de alrededor de USD 500 millones a USD 2 millones; mientras que, en el segundo, pasaron de USD 1.000 millones a USD 300 millones. ¿A qué se debería esta situación?
A fines de abril de este año, Semana Económica publicó un informe en el que participaron los principales actores del sector, quienes expusieron sus preferencias por redirigir sus inversiones hacia otros países de la región, debido a los desincentivos y la falta de estabilidad jurídica que padece el sector. Por muchos años, los extensos tiempos para la obtención de permisos de exploración y la tramitología vienen afectando la inversión, producción y competitividad del mercado peruano de petróleo. Ya entre los años 2012 y 2013, Carlos del Solar, director de ComexPerú, vaticinó lo que representarían la Ley de Consulta Previa (2011) y la serie de exigencias para las industrias extractivas formales: “es una trampa… sacar adelante un Estudio de Impacto Ambiental de un pozo petrolero puede tardar hasta cuatro años”, cuando en otros países de la región tomaría entre cuatro y seis meses.
Así, en lo que respecta a las discrepancias por los lotes petroleros de Talara, que inicialmente se pretendía adjudicar de manera directa, sin concurso previo, a la ineficiente empresa estatal Petroperú, estos serían adjudicados mediante un proceso de licitación internacional. Si bien esta noticia es positiva, se sabe que se encargaría “temporalmente” estos lotes a Petroperú por el tiempo que dure la licitación.
En ese contexto, urge que el Ejecutivo informe sobre el proceso, los tiempos y las condiciones lo más pronto posible. Estamos contra el tiempo. Ceder la operación de los lotes petroleros a Petroperú, aunque sea por un corto tiempo, es un riesgo. Tan solo la operación del lote Z-69, que se encuentra en el mar, requiere de excesiva especialización, dada su complejidad, pues no contar con un equipo altamente técnico que la opere podría causar un desastre ambiental en el mar del norte del Perú.
Al margen de que, en los últimos días, tanto el Ejecutivo, encabezado por el propio ministro de Energía y Minas, como los alcaldes distritales y provinciales de Talara y Piura se hayan manifestado a favor de la inversión del capital privado para impulsar la producción de petróleo y así generar mayores oportunidades de empleo, todavía no se discute sobre una de las principales piedras en el zapato del sector: la tramitología.
De nada servirá convocar a los principales jugadores internacionales para que participen en el proceso de adjudicación de los lotes petroleros si persisten tanto el entrampamiento fuertemente asociado a la Ley de Consulta Previa como funcionarios ministeriales con poca capacidad para revisar oportunamente todas las exigencias burocráticas que se le solicita a la empresa privada para obtener una licencia de exploración. Urge implementar cambios regulatorios que incentiven la inversión en el sector.