Tras el atentado que dejó 15 ciudadanos heridos en una discoteca en San Juan de Lurigancho, el premier Alberto Otárola consideró que el sicariato, la extorsión y el cobro de cupos se posicionan como los problemas más graves de inseguridad ciudadana que azota al Perú.
Entre las “decisiones concretas” para acabar con la extorsión y cobro de cupos que aterroriza día a día a la población, el primer ministro señaló que se necesita “regular la situación migratoria en el Perú”. “Se va a expulsar del país a aquellas personas que vulneren las normas migratorias en el país. Ese es un lado del problema”, declaró.
Ante la consulta de la conductora Sol Carreño de por qué no atrapan a los individuos que están identificados y de los cuales existe registro de su modo de delinquir, Otárola señaló a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) como los responsables de que sigan en libertad.
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“Hace tres días, la Comisión de Constitución ha aprobado la delegación de facultades que tendría que ir al pleno este día jueves (21 de setiembre), dentro de estas medidas hay tres que son trascendentales”, continuó.
Dichas medidas son: implementar una central única de emergencia, dotar a los serenos de armas idóneas para su defensa y que las municipalidades puedan utilizar el canon en tarea de seguridad ciudadana.
“La extorsión es un delito gravísimo y estamos solicitando facultades al Congreso para agravar las penas y para dotar de recursos para dotar de inteligencia a la policía para que sea posible de ejecutar de manera inmediata”, aseveró.
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Libertad de prensa en Perú
En otro momento de la entrevista, el presidente del Consejo de Ministros negó que el Ejecutivo tome acciones, ahora o en un futuro, contra la libertad de prensa. Según explicó para el referido medio, las facultades solicitadas al Congreso son contra los “instigadores del delito”.
“Los instigadores del delito pueden ser cualquier persona. No va a salir ninguna norma que afecte la libertad de prensa en el Perú. Eso lo aseguramos tajantemente”, agregó Otárola Peñaranda.
Hace unos días, ya había manifestado que en el gobierno de la presidenta Boluarte “no se va a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho”. “Eso es lo que quería decir con suma claridad y para cerrar una preocupación legítima de la población y los medios de comunicación”, indicó en conferencia de prensa.
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Cabe destacar que, según las facultades legislativas que fueron entregadas a la Comisión de Constitución, entre las solicitudes realizadas para combatir la inseguridad ciudadana, señalan que buscan cambiar el Código Penal para poder “sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.