La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que el Gobierno de Dina Boluarte incluyó, en su pedido al Congreso de facultades legislativas, la modificación del Código Penal a fin de responsabilizar y sancionar a los medios de comunicación por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios, hecho calificado como “arbitrario y contrario a los principios internaciones sobre libertades de prensa, expresión y asociación”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, mencionó que “la modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren disturbios”.
En ese sentido, los directivos del SIP instan al Ejecutivo a que retire este proyecto “por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas”.
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Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana también evidenció su preocupación y aseguró que, además de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, también se viola el derecho a la protesta. “Este punto atenta no sólo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”, advirtió el CPP.
“La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos —incluyendo periodistas— que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional. Por otro lado, la modificatoria no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones, sino que promovieron una participación pacífica en éstas”, agregó el gremio.
Además, a través de un pronunciamiento, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también rechazó lo presentado por el Ejecutivo y precisaron que su objetivo es “obtener una herramienta de amedrentamiento contra periodistas que opinan a favor o favorecen las manifestaciones”.
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¿Qué dice la medida?
En el proyecto presentado por el Gobierno de Dina Boluarte se lee lo siguiente: “se propone modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
¿Qué respondió el Ejecutivo ante la polémica por la propuesta?
En conferencia de prensa por la presentación del IV informe de avance de gestión, la presidenta Dina Boluarte descartó que la medida busque criminalizar el ejercicio de la prensa.
“El Gobierno jamás tomará alguna medida que pueda perturbar la amplia libertad de prensa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa. Ustedes, en el rol que les compete, seguramente tendrán que hacer su labor. Nosotros no vamos a impedir que esa labor se realice de manera libre, espontánea, y dentro de sus competencias”, respondió la tarde del 11 de septiembre.
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