Este martes 5 de setiembre, Infobae Perú reveló un cuestionamiento adicional a la larga lista que lleva consigo el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso). Luego de acceder a la tesis doctoral del apepista, titulada “La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia”, la filtramos por el software académico antiplagios Turnitin, el cual arrojó una cifra inicial: 67 % de similitudes con otros textos.
En un intento por negar el plagio, el parlamentario mencionó que no utilizó el programa al momento de presentar su trabajo académico y que si hubo omisiones, estas fueron “involuntarias e inadvertidas”, pese a que se trata de páginas enteras correspondientes a documentos de Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino, quienes también fueron consultados por esta redacción.
En diálogo con el programa Al Estilo Juliana, el parlamentario Luis Iberico (Acción Popular), quien fue su rival en las elecciones por la presidencia de la Mesa Directiva, sostuvo que Soto está totalmente “deslegitimado por tener un rosario de denuncias”.
Como se recuerda, el máximo representante del Poder Legislativo no solo es cuestionado por la presunta copia, sino por respaldar y emplear una ley en su beneficio, contratar a la hermana de la madre de su hijo, construir una casa de cinco pisos en una zona en la que se estaba impedido, solicitar a sus trabajadores de despacho que otorguen “montos voluntarios” para crear cuentas trolls y pagar por publicidad en favor de su imagen.
Al ser consultado sobre el informe de Infobae Perú, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que, “él ya está manchado, no interesa si es culpable o no de lo que lo acusa, por lo que debe ser relevado por los partidos que lo pusieron en su puesto”.
“Los partidos que lo pusieron Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos no lo quieren sacar y ellos tienen los votos. Están respaldándolo y blindándolo”, señaló a Exitosa.
Por su parte, el parlamentario Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien mantiene una defensa férrea al titular del Legislativo designado por su partido, intentó minimizar la denuncia realizada por este medio. Pese a que aseguró no haberlo leído, asumió que la tesis a la que se hace mención fue elaborada hace unos 40 años, como si la condena del plagio depende del tiempo en el que fue realizado.
“Si no me equivoco esa tesis debe haber sido preparada hace unos 40 años, una cosa es lo que pasaba en los 80 y otro en el 2023. Hay que ubicarse en el contexto espacio-tiempo histórico”, manifestó en conversación con el medio citado.
Autores afectados por plagio exigen a la Fiscalía actuar de oficio
En diálogo con Infobae Perú, los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino, hicieron un llamado al Ministerio Público para que disponga las investigaciones pertinentes. De no ser el caso, Urquizo adelantó que se apersonará a la institución para hacer la denuncia.
“Además de estar plagada de una serie de errores autográficos, que ninguna investigación seria puede tener; en efecto hubo ahí un tema de plagio, de un trabajo de investigación que yo realicé muchos años atrás sobre responsabilidad civil extracontractual. Qué pena que no cumpla con criterios básicos. Como letrado que es él, conoce bien de que el plagio es un delito que afecta a la persona que hace una investigación, no solo a nivel moral, sino patrimonial”, declaró Urquizo a nuestro medio.
“Me sorprende mucho que este señor haya copiado y no haya puesto la referencia del autor, en este caso, mi nombre. Lamento mucho que existan personas que tengan este tipo de actitud, esta conducta debe ser reprochable y sancionable porque el Código Penal tipifica, con toda claridad y a todas luces, que esto es un delito con pena entre cuatro y ocho años, además de 180 días multa”, explicó.
En tanto, Castiglioni, exdirector de capacitaciones de la Asociación Municipalidades del Perú (AMPE), retó al congresista de Alianza para el Progreso a debatir públicamente sobre los alcances de la tesis que copió de su artículo “Análisis de las causales de vacancia, suspensión y revocatoria de los cargos de alcalde y regidores”, publicado en la revista electrónica del Centro de Estudios de Derecho Municipal de la Universidad de San Martín de Porres (USMP).
“No hay mayor duda de que no existe ápice de su opinión, de un análisis propio. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio y el Congreso de la República debe considerar este tema como uno más de los varios que tiene para su sanción. O sea, ¿se metió a mi cabeza y accedió a todos los conocimientos que tengo por estudiar y participar de la elaboración de la ley orgánica de municipalidades como representante del ilustre colegio de abogados de Lima? Espero que el Parlamento también considere este tema”, mencionó en diálogo con Infobae Perú.