La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, reveló que la medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que suspende provisionalmente las investigaciones que se le sigue en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cita una norma derogada.
“No es cualquier cosa para un juez resolver una causa con normas derogadas”, advirtió Ledesma en Ideeleradio, cuya declaración fue recogida por el Diario La República.
Se trata del artículo 18 del supuesto Código Procesal Constitucional que invoca en el tercer fundamento de su resolución la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
“El primer párrafo del artículo 18º del Código Procesal Constitucional establece que: se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión”, redactó la magistrada.
Sin embargo, el artículo que cita la jueza Tarrillo es del antiguo Código Procesal Constitucional (Ley 28237), que fue derogado en julio de 2021 cuando se promulgó el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307).
Este nuevo código establece en el apartado referente a la emisión de una medida cautelar lo siguiente: “El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable”.
La diferencia recae en el extremo de la “demora” del otorgamiento de la medida cautelar solicitada. En la nueva norma se desarrolla este ítem.
“El Nuevo Código Procesal Constitucional ya eliminó el peligro de la demora, no considera el peligro de la demora como una causal de análisis para una medida cautelar, sino, considera la certeza del perjuicio irreparable. (...) No es lo mismo analizar un caso bajo el peligro que demore un proceso que bajo la irreparabilidad”, reclamó Ledesma Narváez.
“Este es el nuevo supuesto que ha colocado el Nuevo Código en el año 2021 para adelante, y sobre el cual todos los procesos cautelares se analizan. Y la juez ni siquiera lo ha citado porque ni siquiera ha revisado el Código Procesal Constitucional (artículo 19). Por lo tanto, ha resuelto un caso con normas derogadas, que ya no existen. Ha medido el caso con otra lógica que ya no se da”, agregó.
Presunto prevaricato
Ante la omisión de la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, la exmagistrada Marianella Ledesma deslizó la posibilidad de que se haya incurrido en el delito de prevaricato.
“Esto nos debería hacer reflexionar si es que estaríamos ante un delito de prevaricato: cuando uno resuelve un caso como juez con normas derogadas. Eso ya está en la competencia de un juez. No es poca cosa lo que se está haciendo”, apuntó Marianella Ledesma.
La expresidenta del Tribunal Constitucional consideró que la resolución que otorga la medida cautelar a Patricia Benavides debe ser apelada por la JNJ; sin embargo, advirtió que la impugnación no suspenderá que esta se siga ejecutando.
“Las medidas cautelares cuando se apelan no tienen este efecto de suspender la decisión. Es tan trascendente dictar una medida cautelar que tiene toda esta protección”, señaló Ledesma.
JNJ apeló medida cautelar
Infobae Perú pudo conocer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya presentó su recurso de apelación contra la medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El escrito consta de 25 páginas y deberá ser analizado por una sala superior.
Además, se aceptó la incorporación del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) como litisconsorte a favor de la JNJ.
Patricia Benavides no se pronuncia
Luego de conocerse los defectos en la medida cautelar que le otorgó el Poder Judicial, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha optado por guardar silencio.
En la cuenta en Twitter de la Fiscalía solo se dio cuenta de una reunión entre Benavides Vargas y el fiscal general de Bolivia, Fausto Lanchipa. El objetivo del encuentro fue “afianzar la cooperación judicial internacional en materia penal, ambiental, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas”.