Planificar estrategias de gobierno para gestionar la ciudad de Lima de manera eficiente, frente a los fenómenos climatológicos extremos que se avecinarán en los próximos años (o quizás meses), representa un gran desafío para todos los actores involucrados.
Nos encontramos frente a un panorama complejo cuyo escenario probable dependerá, sin duda alguna, que se gestione, anticipadamente, medidas de prevención y mitigación.
Dos factores serán clave en el desenlace: las variables endógenas sujetas al manejo correcto de la planificación, como la inversión de proyectos de prevención y gestión de desastres, por parte del ejecutivo y los gobiernos locales; y, la intensidad de las variables exógenas, asociadas al cambio climático, y cómo éstas pueden repercutir negativamente sobre el Estado (territorio, población, gobierno).
Ante ello, las autoridades tienen el deber funcional de preparar o reevaluar proyectos encarpetados por falta de presupuesto o liderazgo político e implementarlos en pro de maximizar el beneficio para la población, concatenando la continuidad de planes de gobierno; incluso, si estos son elaborados entre diferentes gestiones municipales.
Si bien el ser humano no tiene control frente a las fuerzas de la naturaleza, sí puede manejar los procesos de planeamiento, las acciones vinculadas a la gestión de riesgo de desastres naturales, la participación social y la implementación de medidas de contingencia basadas en análisis de vulnerabilidad en concordancia con mapas de peligros establecidos por las entidades especialistas en la materia.
Las entidades de gobierno deben ejecutar proyectos basados en planes de desarrollo urbano con una visión sistémica de carácter multisectorial. Las decisiones políticas que se manejen en Lima Metropolitana y sus municipios, así como las del Gobierno Regional de Lima, deben incorporar estrategias interinstitucionales de prevención integral territorial, asociadas, además, a preparar y concientizar a la población, para no asentarse en zonas de riesgo y organizarla antes, durante y después de un fenómeno natural.
Al mismo tiempo, los ciudadanos, las personas que eligen a las autoridades de turno, tienen el derecho de exigir una ciudad segura, saludable y resiliente, con capacidad para afrontar cualquier fenómeno natural extremo y superarlo, de allí la importancia del voto ciudadano.
Ejecutar obras de infraestructura es crucial para el crecimiento y desarrollo de una ciudad, de un país, porque son los proyectos de infraestructura los que permiten conectar y alcanzar metas vinculadas al crecimiento e inversión económica sostenida de la sociedad.
Énfasis en las zonas de mayor riesgo, que, por lo general, son los sectores menos favorecidos (D y E) y los más vulnerables. Las gestiones ediles no solo deben preocuparse por salvaguardar la infraestructura frente a desastres naturales, tienen el desafío de incentivar la expansión de proyectos, en concordancia a sus características territoriales, tanto en transporte, como en hidráulica, energía y telecomunicaciones.
Lima, corre el riesgo de sufrir daños potenciales debido, principalmente, a eventos físicos peligrosos de origen: hidrometereológico, que pueden activar quebradas, desbordes de ríos o inundaciones; el fenómeno del Niño que el año 2017 generó daños que superaron los US$ 3100 millones; y también fenómenos oceanográficos.
Plantear estrategias de gestión que hagan frente a estos fenómenos físicos extremos, implica asociarlos de manera directa o indirecta al cambio climático global.
De acuerdo con la ONU-Hábitat, las ciudades de todo el mundo constituyen la “principal causa del cambio climático”, pero pueden ser parte de la solución, si son planificadas y gestionadas para reducir la huella de carbono per cápita.
Alcanzar el desarrollo sostenible implica inversión de proyectos de infraestructura como elemento clave del éxito: habitabilidad interna, vivienda; habitabilidad externa, entorno urbano; equipamiento urbano; movilidad urbana, desplazamiento público y privado orientado a satisfacer dinámicas sociales como dinámicas de producción y consumo.
La infraestructura pública tiene un impacto expansivo sobre las decisiones de inversión privada, cuyo efecto “crowding-in”, generan amplios efectos positivos en la economía local y nacional, como en la calidad de vida de los habitantes, desarrollando hábitats urbanos sostenibles.
No esperemos a que suceda un desastre natural, para determinar si el gobierno cumplió con sus objetivos, y si la factura será moderada o exorbitante. Alineemos los tres niveles de gobierno a un mismo objetivo.