Esta semana se reportó que la playa artificial de San Juan de Lurigancho (SJL), que costó la suma de S/ 145 mil, presentaba larvas y hongos a tres meses de su inauguración. Esta obra está bajo la administración del Servicio de Parques de Lima (Serpar), entidad adscrita a la Municipalidad de Lima, donde precisamente no habrían personas con los mejores pergaminos profesionales para ocupar altos cargos.
Infobae Perú accedió a un informe de la Contraloría General de la República, elaborado tras una visita de control entre el 17 al 21 de julio pasado a las instalaciones y oficinas de Serpar, que revela que la gestión de Luis Molina, cercano al alcalde Rafael López Aliaga, tendría funcionarios de confianza que no contarían con los requisitos requeridos para los cargos donde fueron puestos en los últimos meses.
Según el documento 005-2023-OCI/3347-SVC, cuyo título tiene “Verificación de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”, se revisó los legajos de 22 directivos de Serpar designados desde el 6 de enero de este año. Y hubo varios hallazgos.
El primero, y sin duda más llamativo, es que Serpar no acreditó que nueve funcionarios cumplan con toda la documentación en regla como informar si tienen la formación académica, la experiencia general de cuatro años, y la especifica de dos años para el área en el que fueron colocados.
Los mencionados por la entidad fiscalizadora son los siguientes:
- Renzo Brigneti Goytizolo - gerente de Parques Zonales y Metropolitanos.
- Antonio Monsalve Arrospide - gerente de Proyectos.
- Josué De la Torre Bramon - subgerente de Asuntos Contenciosos.
- Ricardo Acero Cárdenas - subgerente de Contabilidad.
- Armando De la Flor Arbulu - subgerente de Guardaparques y Seguridad.
- Jorge Barreto Espinoza - subgerente de Mantenimiento Técnico.
- Eduardo Rodríguez Mendoza - subgerente de Presupuesto.
- Óscar Gutarra Montalvo - subgerente de Sistemas y Tecnología de la Información.
- Augusto Vilca Huachallanqui - subgerente de Tesorería.
Sin embargo, la Contraloría no fue lo único que halló en Serpar. Además, verificó que la Subgerencia de Recursos Humanos de esta institución emitió informes de revisión del cumplimiento del perfil y de impedimentos para nueve funcionarios luego haber sido designados cuando debería ser antes.
Así detalla que esto habría aplicado para los siguientes casos:
- Luis Alayza Bettocchi - gerente de Administración y Finanzas.
- André Romero Sánchez - gerente de Aporte y Patrimonio Inmobiliario.
- Carlos Benites Cerna - gerente de Áreas Verdes.
- Eva Revoredo Morote - gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
- Fernando De la Vega Centurión - subgerente de Arborización y Servicios Externos.
- Jessica Silva García - subgerente de Control de Aportes.
- Fernando Callihuanca Peña - subgerente de Ejecución Coactiva.
- Carlos Álvarez Centeno - subgerente de Estudios y Proyectos.
- Mónica Fernández Wendell - subgerente de Patrimonio Inmobiliario.
Este criterio por parte de Serpar para designar a sus directivos es recalcado por la Contraloría como un posible problema que podría afectar el funcionamiento de la entidad.
Información incompleta
Por otro lado, la Contraloría encontró dos detalles más respecto a las designaciones realizadas en Serpar. La primera es que de los 22 legajos de los funcionarios, ninguno cuenta con tener registros de ser deudores judiciales morosos y de reparaciones civiles.
Además, se anota que un funcionario no cuenta con el registro de ser deudor alimentario moroso y otros dos no adjuntaron sus declaraciones juradas de no tener impedimento para asumir sus cargos.
A esto se agrega también que Serpar no tendría actualizados el cuadro de asignación de personal y el manual de clasificador de cargos, con los cuales podría ayudar a tener funcionarios que desarrollen las labores que se requieren internamente de acuerdo a la Ley 31419.
Entre las recomendaciones del informe es que todos los hallazgos sean derivados a Elmer Linares Solano, secretario general de Serpar, a fin de que en un plazo de cinco días le informe al Órgano de Control Institucional (OCI) sobre las medidas que iba a tomar frente a estos hechos.
Infobae Perú requirió un descargo de Serpar sobre este informe de la Contraloría. Nos señalaron que iban a ver el tema recién este lunes 21 a pesar de que se les indicó que este reportaje saldría publicado hoy.
El ‘Ejemplo’ de la Municipalidad de Lima
Hay que señalar que las irregularidades en Serpar se parecen a la que Infobae Perú reportó sobre la Municipalidad de Lima la semana pasada. En esa ocasión detallamos que la Contraloría halló que 16 funcionarios colocados por el alcalde López Aliaga no contarían con la experiencia necesaria en los cargos donde fueron puestos.
Incluso, también se menciona que la gestión de López Aliaga superó el límite máximo de designaciones de servidores de confianza en lo que va de este año.
La entidad fiscalizadora detalla que la entidad tiene 179 personas que son personal de confianza, cuando en realidad deberían ser 50 de acuerdo a la Ley N.° 31419.
“Causa extrañeza porque no coincide con el número de funcionarios que desempeñan cargos de dirección y gerencia de acuerdo a la estructura orgánica de la actual gestión municipal, toda vez que estos totalizan 49, siendo el número máximo legal permitido 50″, fue lo que la Municipalidad de Lima respondió frente al documento de la Contraloría.