Javier Llaque, jefe del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), saludó este miércoles el anuncio de la mandataria Dina Boluarte para mitigar el hacinamiento en las cárceles del país, donde hay más de 93 mil personas privadas de libertad, pese a que la capacidad de albergue solo alcanza a 41 mil.
“La situación es bastante preocupante. Como institución nos alegra que la presidenta haya visibilizado este tema y haya dispuesto una política de deshacinamiento, tanto así que está destinando 300 millones de soles para dos nuevos penales y, por primera vez en la historia, [otros] 1630 millones durante su mandato”, dijo en diálogo con Canal N.
“Estos dos primeros penales podrían ser el penal de Abancay y la megaobra del penal de Arequipa. [...] También tenemos cuatro penales más. Con todo este paquete, vamos a parcialmente combatir el hacinamiento, pero recurriremos al MEF porque la situación es preocupante”, continuó.
Solo el mes pasado, unos 800 nuevos internos ingresaron a establecimientos penitenciarios y 3500 en lo que va del 2023, según cifras vertidas por el funcionario. “Si la proyección sigue hasta fin de año, vamos a superar los cinco. Es decir, dos o tres penales en buena cuenta en un año”, remarcó.
Instalado a la altura del tobillo, sin botón de pánico, el dispositivo funciona con GPS, pesa casi 200 gramos y está hecho con material antialérgico y resistente al agua. Un chip en su interior registra los datos de localización, que son enviados a una sala de monitoreo.
Cada grillete cuesta casi 800 soles mensuales y lo paga íntegramente quien lo lleva. En caso se manipule, rompa o averíe, inmediatamente lanza una alarma al centro de control para que intervenga.
Se trata de un dispositivo que se emplea a nivel global desde 1990, pero que en Perú se instaló por primera vez, en 2017, a una mujer quien había estado 18 meses presa en el penal de Santa Mónica por estafa. El Poder Judicial determinó que la interna, madre de cuatro hijos, permaneciera en su vivienda.
Según el Decreto Legislativo N.º 1322, este tipo de vigilancia puede ser solicitada por sexagenarios, personas con enfermedades graves o con discapacidad, sentenciados con pena no mayor a ocho años, mujeres con hijos menores de tres años, y gestantes, pero no reincidentes ni sentenciados por corrupción, homicidio, secuestro, terrorismo, tráfico de armas, trata, entre otros.
A fines del mes pasado, el INPE declaró que del 100% de cárceles, el 72% están hacinadas. Es decir, 49 de las 68 cárceles habilitadas albergan un número significativo de internos mayor al que deberían tener.
El primero de ellos, con capacidad de 572, alberga a 3.450 reos (503,15%); el segundo, destinado para 120, concentra 651 (442,50%); y el tercero, para 80 reos, reporta 428 presos (435%).