El Gobierno de Dina Boluarte ha sido arduamente cuestionado luego de las modificaciones que ha hecho en ciertos sectores del Estado. Todo inició con una misteriosa remoción del cargo de la expresidenta de la ATU, María Jara. Apenas una semanas después, una exasesora de Dina Boluarte es nombrada la nueva titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTV).
Ninoska Chandia es uno de los nombres más sonados en las últimas horas. Se trata de una funcionaria con gran cercanía a la presidenta Dina Boluarte que liderará una de las instituciones con mayor relevancia por el contenido informativo que ofrece a la población, razón por la que distintos gremios periodísticos han advertido que su nombramiento pone en riesgo la libertad de prensa.
El gobierno de Boluarte es una de las gestiones más criticadas. Luego de los fallecimientos durante las protestas en su contra, su imagen se ha ido deteriorando. Según el diario El Comercio, esta situación se habría intentado revertir desde el IRTP. Jesús Solari encabezaba la institución cuando presuntamente iniciaron los problemas con Palacio de Gobierno.
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De acuerdo al medio, el funcionario habría recibido presión para emitir desde los canales del Estado como contenido a favor de la jefa de Estado. Sin embargo, esto no sucedió y los disgustos en el Ejecutivo continuaron. De acuerdo a El Comercio, Dina Boluarte habría estado incómoda luego de que una reportera de TV Perú la cuestionó por los muertos durante las protestas en contra de su gestión, tema por el que enfrenta una investigación fiscal.
“La independencia del canal y la radio de todos los peruanos está en riesgo debido a que no existe garantía de independencia editorial de las señales del IRTP respecto del gobierno de Boluarte. La presidencia del IRTP debe ser ejercida por un profesional con amplia experiencia periodística. La disciplina de imagen institucional no es periodismo”, refutó el Consejo de la Prensa Peruana en un comunicado donde se mostró en desacuerdo con esta decisión gubenamental.
Misteriosas resoluciones
Apenas algunas semanas atrás, el Poder Ejecutivo fue cuestionado por la salida de María Jara de la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Sobre todo, por la forma de retirarla del cargo.
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El 12 de mayo, la Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC anunció que se dio por “concluida designación de miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”. ¿La razón? Una supuesta “pérdida de confianza”. Sin embargo, esta causal fue refutada por Jara.
“Nosotros no hemos sido designados por confianza, sino de manera regulada, por lo que hay un procedimiento que se tiene que seguir (...). Se está dejando de lado el criterio técnico, la estabilidad y la institucionalidad para privilegiar la afinidad y tener un funcionario sumiso que le diga amén a todas las decisiones de los ministros”, declaró a la prensa.
Lo que llama la atención de este caso es que el causal de remoción o vacancia por “pérdida de confianza de la autoridad proponente” fue incorporado en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ATU apenas un día antes de que sea despedida.
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Coincidentemente, su retiro del cargo se dio en el marco de la contrarreforma de transporte que se venía impulsando desde el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima. Desde el Legislativo se planeaba impulsar la formalización de los taxis colectivos, mientras que el alcalde Rafael López Aliaga pretendía ofrecerle medidas a estos choferes para que puedan trasladarse sin problemas en Lima Metropolitana.
Los conflictos iniciaron cuando el burgomaestre le pidió a la ATU encargarse del empadronamiento de los vehículos que ofrecen servicio colectivo. “La ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según Ley n.° 31096″, contestó la entidad.
María Jara ha presentado una serie de recursos para apelar la decisión que la retiró del cargo. No obstante, afirmó que la posición de la ATU será la misma: rechazar a los taxis colectivos.
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