El Ministerio Público designó que la fiscal superior en lavado de activos, Elizabeth Peralta, sea la persona que defienda la posición de la institución frente a la apelación presentada por Joaquín Ramírez, alcalde provincial de Cajamarca, para que sus bienes e inmuebles incautados les sean devueltos.
Como es público, según el diario La República, el exbrazo derecho de Keiko Fujimori elevó un recurso ante el Poder Judicial para cuestionar la legitimidad y la constitucionalidad de la medida adoptada por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
Ramírez ha señalado que la medida de incautación y desposesión de las 256 propiedades no ha sido suficientemente fundamentada. Incluso, consideró como innecesario esto porque citó que Registros Públicos no le permite desde marzo del 2021 que haga una transferencia de los mismos por una orden judicial.
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El empresario refirió que no existen elementos de convicción que certifiquen que sus bienes vayan a desaparecer en medio de la investigación al que se encuentra sometido y que la orden judicial de incautación que se dispuso tenía un mandato vencido porque salió el 14 de marzo pasado y el fiscal Wilson Salazar tenía un plazo de dos semanas para ejecutarlo, pero casi un mes después lo hizo.
Estos argumentos tendrán que ser rebatidos por la fiscal Peralta cuando el expediente suba a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión. Si hay un fallo a favor de Joaquín Ramírez, todo el despliegue policial y fiscal que se hizo no habrá servido para nada. Sin embargo, sobre la integrante del Ministerio Público existe un grave problema.
Nexo con los Cuellos Blancos
Según una investigación del diario El Comercio, la fiscal Peralta se encuentra en calidad de investigada por tener nexos con personajes incluidos dentro de la trama de corrupción del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Nos referimos al exjuez César Hinostroza Pariachi, Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, el empresario Antonio Camayo.
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Peralta registraría diez llamadas y siete mensajes de texto con Hinostroza, quien se encuentra prófugo de la justicia peruana desde el año pasado en Europa, entre octubre del 2015 y marzo del 2017. En este intercambio de comunicaciones llama la atención el 28 de enero del 2016, cuando el extinto Consejo Nacional de Magistratura (CNM) la nombró fiscal superior.
Hasta el momento no se sabe el paradero del magistrado que habría sido el cabecilla de esta red criminal que se instaló en el sistema de justicia durante años con total impunidad. Con otro personaje que la fiscal Peralta tuvo comunicación fue con el empresario Antonio Camayo con 35 llamadas entre febrero del 2017 y febrero del 2018.
Por otro lado, la fiscal Peralta habló 53 ocasiones y 26 mensajes de texto con Edwin Oviedo entre octubre del 2016 y junio del 2018. Como es público, el extitular de la FPF afronta mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta la investigación preparatoria que se le inició por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del estado por el caso Cuellos Blancos.
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“Se advierte que la mayoría de llamadas fueron realizadas por la fiscal superior Peralta al investigado Edwin Oviedo Picchotito, lo que evidenciaría un [interés] de la magistrada por mantener comunicación telefónica con el mencionado investigado pese a tener conocimiento [de] que tenía a su cargo un caso [un proceso penal] en contra de él, tramitado en su despacho”, señala el documento. Hay que mencionar que la fiscal Peralta -según el diario El Comercio- archivó un caso de Oviedo.
El 14 de abril pasado se conoció que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso que presentó para que se dejará sin efecto la regla de conducta en la que se le prohibía hablar con todas estas personas relacionadas a este asunto.