Una bomba lacrimógena, disparada por un agente policial, impactó en la cabeza de Víctor Santisteban el último 28 de julio. El ciudadano, que perdió la vida producto del golpe, formaba parte de una manifestación en el Centro de Lima.
El caso no está comprendido en el informe de la CIDH, debido a los plazos de investigación, pero se suma a la lista de más de 60 fallecidos durante las protestas ocurridas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo —en diciembre del año pasado— y la juramentación constitucional de Dina Boluarte en su reemplazo.
La muerte de Santisteban ha sido materia de debate, en la escena pública, de dos integrantes del Gabinete Ministerial: el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Daniel Maurate. Ambos declararon a distintos medios de comunicación sobre el caso y evidenciaron discrepancias al interior del Ejecutivo.
El cruce de palabras inició el último miércoles 10, cuando el titular del sector Justicia consideró que, “aparentemente”, sí se produjo una violación a los derechos humanos en este fallecimiento.
La calificación fue usada por Maurate a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el documento denunciaba estos hechos en Ayacucho, señalaba que podrían haber ocurrido en Juliaca (Puno) y, en líneas generales, sostenía que se produjo un abuso de autoridad por las fuerzas del orden.
“Por lo que veo, aparentemente sí (…) Creo que dentro de las instituciones tiene que haber una investigación. Un video, una foto, hoy día tiene que ser sometido a pericias pues a veces la percepción es la que tenemos, pero por eso no se puede condenar”, señaló el ministro a RPP.
Bastó un día para que Otárola Peñaranda saliera al frente, en el mismo medio, a responder dichas afirmaciones: “Tendrá que aclarar lo que ha dicho, la posición oficial del Gobierno es que vamos a ejercer el derecho a la defensa, respetar el informe que ha sido presentado por la comisión, vamos a trabajar para implementar las recomendaciones y para alcanzar la reconciliación nacional”.
El funcionario aludido, a su vez, contestó que si “el primer ministro ha reclamado una aclaración” reafirmaba que “si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que no hubo violación de derechos humanos, lo hay”.
“Hay casos particulares donde se han producido este tipo de cosas por parte de los protestantes (...) si alguien usó las armas dentro de la ley, bien; si alguien usó [las armas] por fuera de la ley, esa es la investigación que tiene que hacer la Fiscalía, y obviamente habrá la sanción”, indicó a Exitosa.
Hasta el momento, el Gobierno de Dina Boluarte no ha reconocido abusos o “excesos” por parte de las fuerzas policiales.