El dictamen sobre la expulsión de extranjeros que incurran en delitos, durante o después de cumplida una pena de cárcel o la concesión de un beneficio penitenciario, fue aprobada el último 26 de abril por la Comisión de Justicia del Legislativo.
El documento propone modificar el Decreto Legislativo 1350 y el Código Penal para tales fines. Asimismo, establece también que los expulsados no puedan reingresar al país.
El grupo de trabajo, liderado por el legislador Américo Gonza (Perú Libre), llegó a un acuerdo con base en los proyectos de ley 0621/2021-CR, 1554/2021-CR, 2811/2022-PE, 4264/2022-CR, 4376/2022-CR y 4776/2022-CR.
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Cerca de 200 criminales extranjeros fueron capturados, tras diversos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP), solo en octubre del año pasado. Además, se desarticularon 111 bandas delincuenciales y una organización criminal, capturándose a 2150 peruanos como presuntos coautores de distintos actos ilícitos.
Por otro lado, la Comisión de Justicia también aprobó el predictamen que permite incorporar el trabajo obligatorio a los reclusos. Para ello, se pretende modificar los decretos legislativos 654 y 635 del Código de Ejecución Penal y el Código Penal, respectivamente.
“El dictamen establece que el producto del trabajo obligatorio de los condenados con pena privativa de libertad efectiva, se destinará a costear los gastos integrales de su permanencia en el establecimiento penal; el pago de la reparación civil; la prestación alimenticia de ser el caso y formar un fondo propio”, se informó.
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Asimismo, se admitió el predictamen que incorpora a los internos, de los distintos centros penitenciarios a nivel nacional, al sistema de educación superior universitaria (Proyecto de ley 2532/2021-CR).