Ayer se conoció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, como presuntos autores del delito de concusión en agravio de la administración pública en el marco del caso Vacunagate.
El caso Vacunagate se destapó en febrero del 2021 cuando una investigación del periodista Carlos Paredes reveló que el expresidente Vizcarra, su hermano y su esposa Maribel Díaz se habían inoculado de manera irregular con la vacuna de la empresa china Sinopharm en octubre del 2020 cuando estaban en la fase tres de los ensayos clínicos.
Palacio de Gobierno habría sido el lugar donde Vizcarra y su familia se inmunizó en secreto cuando el país sufría la primera ola de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la situación del exmandatario fue la punta del iceberg porque se supo que no fue el único.
El exmandatario, que posteriormente fue destituido por el Congreso, afirmó entonces que fue voluntario y mostró una tarjeta de control que no contaba con el código de barras. Por su parte, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde se desarrolló la evaluación experimental, admitió que no formó parte de los 12.000 voluntarios.
Al menos 487 funcionarios también se inocularon con las dosis de Sinopharm. En la lista también se encontró que la entonces ministra Mazzetti y su pareja también accedieron a las vacunas. Además, también se involucró a la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Francisco Sagasti, Elizabeth Astete.
Mazzetti y Astete renunciaron a sus cargos como titulares de Salud y Relaciones Exteriores. El Congreso tomó acciones e inhabilitó al expresidente por diez años de la función pública, lo que le impidió asumir su curul como parlamentario por el partido Somos Perú en las elecciones generales del 2021.
Procuradoría pide ampliar denuncia
La Procuradoría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que amplíe la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el llamado caso ‘Vacunagate’. En esa línea, esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agregó que también sea procesado por un nuevo delito.
Según el diario El Comercio, la Procuradoría le ha imputado a Vizcarra Cornejo el presunto ilícito de cohecho activo internacional, cuya pena es entre cinco a ocho años de cárcel, por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.
“Habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la Embajada del Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible ventaja o exclusividad”, señala la institución respecto a la responsabilidad del exmandatario en este asunto.
“Esto habría resultado en un beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”, agrega la denuncia de la Procuradoría.