La congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, viene juntando firmas para interpelar a los ministros del Interior, Vicente Romero; y de Justicia y Derechos Humanos, José Tello. Mediante la citación al Congreso, busca cuestionarlos acerca de las opiniones que divulgaron respecto a la incautación de 295 bienes de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, en el marco de una investigación que le siguen por lavado de activos.
Sobre este hecho, el ministro de Justicia opinó que las autoridades del Ministerio Público demostraron que lo que se usó para ocasionar un daño va a servir para algo positivo, en referencia a que los bienes serían entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
“Estamos dando un mensaje claro como Gobierno, como operadores de justicia, de que vamos a cambiar las cosas y de que no va a haber impunidad y además, finalmente, lo que se usó par el mal ahora va a servir para el bien”, dijo.
En tanto, el ministro del Interior informó que el presunto lavado de activos que habría cometido Joaquín Ramírez es el segundo caso más grande en el Perú, después del que perpetró Orellana. Indicó cuántos bienes se incautaron y cuáles fueron.
“Después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú. Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes. Edificios, vehículos, aeronaves, simuladores, inmuebles, en fin”, comunicó en conferencia de prensa el pasado martes 11 de abril.
Luego, comentó que la incautación de los bienes permite entender cómo el dinero de origen ilícito se esconde.
“Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lo lícito justamente en el tema de lavado de activos”, opinó.
Para Patricia Chirinos, ambos comentarios evidencian que las autoridades del gobierno de Dina Boluarte violaron el principio de separación y equilibrio de poderes.
En ese sentido, en el documento con el que busca interpelar a ambos ministros, se lee que la investigación fiscal a Joaquín Ramírez solo le compete a las instituciones que administran justicia y a la Dirección contra Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.
Para ella, a pesar de que la Policía Nacional del Perú depende del Ministerio del Interior, los ministros no debieron dar explicaciones sobre las diligencias fiscales.