El Congreso de la República descartó la moción de interpelación contra el primer ministro, Alberto Otárola, con 59 votos en contra, 31 a favor y siete abstenciones.
“Interpelar (...) al Sr. Alberto Otárola Peñaranda, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda respecto de las acciones de gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto”, se precisaba en la iniciativa.
El documento había sido presentado, el último primero de marzo, para que el premier también responda sobre el presunto uso excesivo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP), entre otras situaciones relacionadas a las movilizaciones sociales.
“Respecto a lo que viene ocurriendo en el Perú, diversas organizaciones han emitido pronunciamientos sobre la crisis política y social que acontece en el país, alertados por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden contra los manifestantes”, se indicaba.
El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) figura como el autor de la mencionada moción, a ella se suman las rúbricas de sus colegas del mismo grupo parlamentario: Ruth Luque y Roberto Sánchez.
El texto contaba con las adhesiones de 24 parlamentarios. Estos respondían a las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Podemos Perú y legisladores no agrupados.
Asimismo, se califica al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el “promotor” del Estado de emergencia declarado a nivel nacional (N° 143-2022-PCM) que “restringe el ejercicio de diversos derechos constitucionales y dispone la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para el control del orden interno”.
En el pliego interpelatorio se buscaba, además, que Otárola responda sobre la contratación de Carola Rodríguez -se excuñada- en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) liderado por el ministro Alfonso Adrianzén.
Pliego interpelatorio
Otras consultas que pretendían ser trasladadas al primer ministro, en el marco de la moción presentada, abordaban las “pruebas” en torno al presunto financiamiento de las marchas de grupos pertenecientes a la “minería ilegal, narcotráfico o contrabando”.
Por otro lado, la última de las preguntas -18 en total- que se esperaba realizarle al premier estaba relacionada al grupo conocido como “La Resistencia”. Dicha organización ha protagonizado diversos plantones y ataques a líderes de opinión o figuras políticas desde hace algunas semanas y años.
“Desde su despacho, siendo de conocimiento de la Policía Nacional la existencia de este grupo y de la forma violenta con que irrumpe en manifestaciones públicas y hostiliza a ciudadanos ¿Qué acciones ha dispuesto su despacho para afrontar esta situación?”, se desprende del texto, donde también se increpa al premier sobre las “medidas dispuestas para poner coto y detener a este grupo que hostiliza a ciudadanos”.