El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado para rechazar el reciente fallo del Tribunal Constitucional que le ordenó al Congreso de la República que reforme el artículo 99 de la Constitución con el fin de incluir a las autoridades del sistema electoral, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que sean sometidos a un control político.
“Consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo en la separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad, que se permita a un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer el control de decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE”, señala al inicio del documento.
En esa línea, el JNE consideró que el mecanismo de control político “resulta más grave” debido a que la institución es la que proclama los resultados finales de las elecciones tanto generales como regionales y municipales. Además, resuelve las controversias que se dan entre las organizaciones políticas con registro.
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“Por ello, que autoridades políticas como los congresistas puedan sancionar a las autoridades electorales , sobre la base de una valoración política y no jurídica, resulta cuanto menos peligroso para la democracia y las instituciones del país, ya que tendrían el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas en las que se encuentran relacionadas directamente sus intereses políticos”, añade.
En otro momento, el JNE mencionó que resulta “inexacto” que la no inclusión de los miembros del tribunal para que sean pasibles de un juicio político por parte del Parlamento no significa que se promueva impunidad o no exista control. “Sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional y se mantiene la posibilidad de emplazar penalmente a sus miembros en caso se advierta la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, anotó.
La institución recordó que los miembros del JNE que provienen de la Corte Suprema y la Fiscalía pueden ser sometidos a un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Finalmente, el JNE también enfatizó el comunicado lanzado por la Defensoría del Pueblo que cuestionó la interpretación del TC que debilita las instituciones electorales al exponerlos a que sean sometidos a juicios políticos por parte del Parlamento.
Hay que señalar que Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, ya se había pronunciado sobre el fallo del TC. “Quien obra con arreglo a ley no tiene temores”, dijo luego de participar en la juramentación de la titular del Jurado Electoral Especial de Lima, María de los Ángeles Álvarez.
Según Salas Arenas, si un integrante del sistema electoral afronta un proceso político, pues entonces todo sería contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observados en los procesos disciplinarios, de conformidad con el derecho internacional. “Se vive un momento difícil, en el que algunos actores políticos y medios de comunicación están persistiendo en una exhortación al Congreso”, enfatizó.
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El titular del JNE mencionó que existe una confusión entre lo que es antejuicio político y el juicio político.
Atentado contra la democracia
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) se pronunció sobre el polémico fallo emitido por el Tribunal Constitucional.
“Estando a que ello se vincula con la defensa de los derechos individuales e incide directamente con una función asignada constitucionalmente a los Jueces de la República, como integrantes de un Poder del Estado que, dentro del diseño organizativo democrático, tiene un rol primordial de control del ejercicio del poder a través del sistema de frenos y contrapesos que garantiza el equilibrio de poderes, requerimos la publicación del texto íntegro del referido pronunciamiento“, manifestó la entidad a través de un comunicado.
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