En el marco de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, aprobado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, brindó algunos detalles sobre la investigación en curso.
La funcionaria manifestó que no se cuenta con una sentencia contra el exmandatario, sin embargo, reafirmó que el expediente cuenta con elementos sólidos que demostrarán la culpabilidad del investigado.
Actualmente, Toledo Manrique es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Por estas acusaciones fiscales, enfrenta veinte años y seis meses de prisión; y otra de 16 años y ocho meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur - tramos 2 y 3 y ‘Ecoteva’, respectivamente.
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“Probablemente, este es uno de los casos más completos que tiene el Equipo Especial. Sobre este [Interoceánica Sur] se tiene una prueba solvente porque la parte corruptora, que fue Odebrecht, entregó la información documentada de todos estos pagos, admitiendo testimonialmente el pago de los sobornos, así como documentalmente, las salidas de dinero a través de la División de Operaciones Estructuradas”, comentó en diálogo con RPP.
Posteriormente, explicó que la Procuraduría ha solicitado una suma de aproximadamente 1.800 millones de soles en esta investigación. Sobre ello, precisó que la suma se repartiría, posterior a una sentencia, entre todos los condenados.
“En este caso, hay aproximadamente treinta personas que están siendo investigadas, conjuntamente, con el señor Toledo. Funcionarios públicos, los cómplices, entre otros”, detalló.
Sobre los investigados, Carrión citó en la cúspide a Toledo Manrique, a los extrabajadores del comité que adjudicó la buena pro a Odebrecht, etc.
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“Que [Alejandro Toledo] pague por los delitos que ha cometido. Hemos pedido una reparación civil (...) contra todos los que están siendo investigados en el caso. Recordemos que la reparación, cuando nosotros la pedimos, tiene que ser solidaria. Luego el juez ya decidirá lo correspondiente, a través del juicio oral y la sentencia (...) esto se da por daño patrimonial y extrapatromial”, sostuvo.
Finalmente, en diálogo con el citado medio, reafirmó que dichos daños pudieron determinarse tras las pericias que se produjeron en el caso. “Además, en ese punto, también se [daña] la imagen que la ciudadanía tiene frente al Estado peruano. El daño que se le hace a la identidad de este con la imagen del más alto funcionario público, en conjunto de otros, defraudando sus deberes”, puntualizó.