FF.AA y la PNP tendrán el respaldo del gobierno de Dina Boluarte para el desbloqueo de carreteras

Luego que el Gobierno de Dina Boluarte anunciara la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para el desbloqueo de las carreteras a nivel nacional, “en defensa de la legalidad”, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dio más detalles sobre la acciones que se tomarán desde el Ejecutivo a fin de garantizar el cumplimiento del derecho al libre tránsito de los peruanos.

Según informó, “en los próximos días” los ministerios de Defensa e Interior evaluarán el marco legal a fin de “asegurar el derecho fundamental del libre tránsito de los peruanos” ante la “actitud sistemática, rebelde y delincuencial de grupos que no solamente están expresando una protesta”.

“No estamos ante personas que están protestando, sino simple y llanamente de delincuentes que están cobrando cupos para que los autos pasen. Esa situación es inaceptable y vamos a aplicar estrictamente la ley y la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, van a despejar esta vía para respetar el derecho a la vida y a la paz para los peruanos”, mencionó Alberto Otárola para RPP Noticias.

En ese sentido, garantizó que el Gobierno de Boluarte Zegarra respaldará a la Policía y las FF.AA. a fin de que se realice el proceso de liberación de carreteras. “No puedo revelar el operativo, depende de los mandos policiales y militares, pero en el aspecto político tiene el respaldo del gobierno de Dina Boluarte”, agregó

“Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las Fuerzas del Orden que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y demás normas vigentes”, se lee en el comunicado emitido por los ministerios de Defensa e Interior.

El Ejecutivo recordó también que el bloqueo carreteras es un acto ilegal contra la libertad de tránsito de las personas y que, además, el Código Penal sanciona como delito de extorsión a quienes “con violencia o amenaza toman locales, obstaculizan vías, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos”.

Los manifestantes que piden la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales para el 2023 han tomado, como forma de protesta, varias carreteras causando una pérdida millonaria al tesoro público y ocasionando un malestar conjunto de pobladores que viven del día a día.

Solo mencionando a la carretera de la Panamericana sur el cual cumple 23 días de ser obstruida ha generado una pérdida económica de más de USD200 millones en los diversos sectores de desarrollo, uno de ello es a la agroexportación.

Pobladores de Ica han señalado que los manifestantes impiden que la economía siga su curso y perjudica a los agroexportadores quienes se sienten impotentes al ver sus alimentos descomponerse.