El pasado 12 de enero, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención la conformación de una comisión que investigue y halle a los responsables políticos de las muertes dejadas durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en la ciudad de Puno.
La propuesta nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien planteó que este grupo de trabajo esté integrado por todas las bancadas de la representación nacional y tenga un plazo de 90 días calendarios.
Entre los grupos que se mostraron en contra de esta propuesta estuvo la bancada de Avanza País. La congresista Adriana Tudela presentó una reconsideración el mismo día de la votación para realizar algunos cambios a este grupo de trabajo.
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En el documento se indica que “la comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional” pase a llamarse a “una comisión investigadora que determine las responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física”.
El detalle pasa aquí que se pondría en peligro el carácter de multipartidario para que todas las bancadas tengan presencia en la comisión investigadora. Por lo pronto, el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.
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De otro lado, el otro cambio es que el plazo de 90 días para indagar las causas en las que sucedieron las muertes se reduzca a solo 60 días. Hay que recordar que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular propusieron lo mismo durante el debate de la creación de la comisión investigadora.
A la indagación en el fuero parlamentario, hay que señalar que la Fiscalía de la Nación dispuso este martes iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez.
La medida, que también alcanza al expremier Pedro Angulo y al exministro del Interior César Cervantes, se basa en las muertes de manifestaciones cometidas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, que de momento suman 47.
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El Ministerio Público dispuso realizar diligencias previas —primer paso a una eventual investigación preparatoria— sobre las denuncias contra la jefa de Estado y el premier, entre otros, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado.
Las manifestaciones, que reclaman la renuncia de la mandataria, un adelanto de elecciones y una nueva constitución, fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.
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Boluarte había expresado que daría “todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.
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