El Ministerio Público anunció el despliegue de 50 fiscales a diferentes puntos de la capital a fin de prevenir la comisión de eventuales delitos durante las movilizaciones sociales previstas para la denominada ‘Toma de Lima’, que fue convocada para el día hoy.
Además, el personal del Ministerio Público informó que supervisarán el uso de armas no letales por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el desarrollo de las manifestaciones. Asimismo, exhortó a la autoridad policial a hacer uso proporcional de la fuerza.
“Por disposición de la Fiscal de la Nación estamos desplegando fiscales hasta la culminación de la marcha. Ellos realizarán una serie de actuaciones preventivas. Estamos coordinando con la Policía respecto a la supervisión del uso de armas no letales. Queremos garantizar que la marcha se realice dentro de los cánones de tranquilidad. El Ministerio Público está en alerta máxima”, sostuvo el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito.
El representante del Ministerio Público destacó el trabajo en conjunto con la PNP en tareas de control de identidad en los peajes donde se identificó a personas con requisitoria vigente. También informó que se ha realizado acciones de verificación en los centros de monitoreo de Lima Metropolitana y otros distritos para constatar el funcionamiento de las cámaras de seguridad que permitan identificar a infiltrados que pretendan generar acciones violentas o causar zozobra durante el desarrollo de las movilizaciones.
“Queremos garantizar que la marcha del día de hoy se efectúe dentro de los cánones de tranquilidad, que no haya disturbios, que no se afecten los entes públicos ni privados”, declaró a los medios de prensa.
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Más de 11 mil policías en las calles
Por su parte, la PNP dispuso el despliegue de 11.800 efectivos policiales para las tareas de control de orden público, confirmó el general Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima.
“El despliegue se está dando en todos los puntos de Lima, tanto en la zona norte, zona sur, zona este e incluso el Callao. La intención es poder garantizar que todos los ciudadanos realicen sus actividades económicas y culturales con total normalidad”, acotó.
En ese sentido, sostuvo que la PNP garantiza la libertad de reunión y de expresión, así como el derecho a la protesta, “siempre y cuando sea pacífica y no afecte a otras personas”. En caso se registren actos contra la propiedad pública y privada, recordó que el delito está establecido en el sistema penal, por lo que se procederá con la detención y el traslado a la comisaría y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.
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Investigaciones por protestas
A través de un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos señaló que se logrará resultados objetivos en las investigaciones a las protestas que se desarrollan desde el pasado 4 de enero en diferentes regiones del país en exigencia del adelanto de elecciones y en contra del gobierno de Dina Boluarte.
“Se han impartido instrucciones generales y específicas desde la Fiscalía de la Nación para asegurar una investigación que logre resultados objetivos, respetando los enfoques de derechos humanos e interculturalidad”, expresa el documento.
Asimismo, reiteró el respeto a la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado. “Dicho respeto mutuo también impide la intervención en las decisiones de los órganos de gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus competencias reconocidas en el ordenamiento convencional, constitucional y legal vigente”, indicó.
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