La ciudad de Juliaca, en Puno, se vistió de luto en un homenaje público y masivo a los 17 manifestantes fallecidos el lunes, en la jornada más sangrienta desde que estallaron las protestas —en diciembre de 2022— contra la administración de Dina Boluarte, quien cumplió un mes en el cargo. Uno más murió ese mismo día en el bloqueo de carreteras y un policía fue quemado vivo por manifestantes.
Los choques con las fuerzas del orden dejaron esta cifra de fallecidos y cerca de 80 heridos una semana en la que, además, la Fiscalía abrió una investigación por genocidio a la jefa de Estado, al premier Alberto Otárola y a los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa).
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Todas las víctimas mortales de ese lunes sangriento fueron causadas por proyectil de arma de fuego, según el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada.
Esta ciudad andina, cuyo aeropuerto permanece cerrado, ha sido el epicentro de las movilizaciones que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y nuevas elecciones en 2023 desde que se retomaron las protestas el pasado 4 de enero, tras la tregua navideña.
Las protestas continuaron el miércoles en Cusco, meca del turismo mundial, donde hubo cerca de 50 heridos y la muerte del dirigente campesino Remo Candia, alcanzado por disparos, así como la de una menor, producto de los enfrentamientos.
Tras varios días de mutis, este viernes por la noche pidió “perdón” si su Gobierno se “equivocó en encontrar la paz y la calma”, y afirmó que no renunciará y seguirá “promoviendo el diálogo de la paz social” para superar la crisis que vive el país, cuyas protestas suman un saldo total de 49 fallecidos en un mes, 21 en los últimos siete días, además de 531 heridos.
“Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano”, declaró la presidenta, quien no ofrecía declaraciones públicas desde el lunes pasado, aseveró que no renunciará al cargo.
Visita de la CIDH
El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Perú, Stuardo Ralón, invocó a las fuerzas de seguridad del país andino que deben actuar dentro de los estándares interamericanos del uso de la fuerza que implican “legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
“Con relación a las fuerzas de seguridad, tal como ellos lo manifestaron, que sea claro el actuar (apegado) a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que promueve los derechos humanos en la región, invocó al presidente de EE. UU., Joe Biden, a que rechace ”con urgencia” el “uso desproporcionado y excesivo de la fuerza contra los manifestantes y las detenciones arbitrarias en Perú”.
blockquote class="twitter-tweet">🇵🇪 🇺🇸 Further failure to speak out against human rights violations perpetrated by Peruvian security forces risks the perception that the U.S. govt is unconcerned with the risks that these repressive tactics represent to Peruvian democracy
— WOLA (@WOLA_org) January 13, 2023
🔗Statement:https://t.co/Aay1crB90i pic.twitter.com/4O9Tko0VMt
“Además, EE. UU. debe condenar el uso de lenguaje estigmatizante contra los manifestantes, que crea el entorno propicio para que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza letal de forma indiscriminada”, matizó WOLA en un comunicado publicado en su web.
También instó a la administración de Biden a sumar “su voz a los llamados de la comunidad internacional para que el gobierno de Boluarte garantice investigaciones imparciales e independientes dirigidas por instituciones civiles, y que rechace explícitamente el uso de la jurisdicción militar para las investigaciones. Adicionalmente, debe ofrecer apoyo público a la importante labor de la Defensoría del Pueblo”, continuó.
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