La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.
La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.
El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.
La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.
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En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.
Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.
En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.
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Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.
Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.
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Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.
La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.
Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.
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Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.
Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.
La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.
Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.
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Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.
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