Los casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 21% en Panamá entre enero y julio de 2026, al pasar de 347 a 420 frente al mismo periodo del año anterior.
Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que la destrucción de los recursos naturales y los hechos contra animales domésticos concentraron la mayoría de las investigaciones.
El informe estadístico contabilizó 227 casos por delitos contra los recursos naturales, equivalentes al 54% del total registrado hasta julio. Otros 154 estuvieron relacionados con delitos contra los animales domésticos, 35 correspondieron a hechos contra la vida silvestre y cuatro con tramitación, aprobación o incumplimiento de normas urbanísticas y ambientales.
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La destrucción de los recursos naturales se mantuvo como el delito específico con mayor incidencia, con 151 casos, un incremento de 31% respecto de los 115 reportados durante los primeros siete meses de 2025.
Esta categoría representó más de una tercera parte de todas las investigaciones ambientales abiertas por las autoridades durante el periodo analizado.
El mayor crecimiento porcentual ocurrió en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres casos en 2025 a 12 en 2026, un aumento de 300%. También subieron 40% los hechos relacionados con emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad, mientras los casos vinculados con residuos y materiales contaminantes aumentaron 38%.
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Los delitos contra animales domésticos, por su parte, avanzaron de 90 a 154 casos investigados, lo que representó un incremento de 71%. En sentido contrario, la tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas especiales disminuyó 34%, mientras la extracción ilegal de especies protegidas bajó 9% y el tráfico de vida silvestre se redujo a la mitad.
La distribución geográfica muestra aumentos especialmente elevados en varias provincias. Chiriquí pasó de 37 a 77 casos, un crecimiento de 108%, mientras Colón y Panamá Oeste duplicaron sus registros, con 32 y 66, respectivamente. Veraguas acumuló 44 investigaciones, 42% más, y la provincia de Panamá alcanzó 79 casos, con un incremento de 23%.
En la comarca Gunayala, las investigaciones aumentaron de un caso en 2025 a cuatro en 2026, lo que produjo una variación de 300%, aunque sobre una base reducida. La comarca Ngäbe-Buglé pasó de tres a siete casos, un crecimiento de 133%, mientras Coclé registró 28 hechos investigados, cinco más que el año anterior.
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Darién presentó un comportamiento diferente: el Ministerio Público registró nueve casos hasta julio, frente a 40 durante el mismo periodo de 2025, lo que significó una disminución de 78%. Sin embargo, dos operativos realizados posteriormente, durante agosto, evidenciaron que la minería ilegal continúa operando en zonas selváticas y fronterizas de difícil acceso.
El 19 de agosto, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendió a 21 ciudadanos colombianos en la cabecera del río Pito, al norte de Darién. En el lugar fueron ubicados campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos presuntamente empleados para extraer oro, como parte de la denominada operación Escudo de Acero.
Las autoridades panameñas han señalado que detrás de esta actividad existe un complejo sistema de economía ilícita, relacionado con el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que obtendría recursos mediante cobros realizados a quienes ingresan a territorio panameño para extraer oro. Posteriormente, parte del valor del mineral sería entregado a la estructura criminal.
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Tres días después, unidades de la Primera Brigada Oriental del Senafront capturaron a otros cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Durante el procedimiento fueron decomisados varios gramos de un mineral que se presume es oro, una pesa digital y presunta marihuana. La intervención formó parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.
En conjunto, ambos procedimientos dejaron 26 ciudadanos colombianos aprehendidos por presunta minería ilegal durante agosto, aunque estos hechos no aparecen en las estadísticas analizadas porque el informe tiene como fecha de corte el 31 de julio. Los detenidos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades encargadas de las investigaciones.
Por meses, enero registró 76 casos relacionados con delitos ambientales, febrero 75, marzo 68 y abril 69. Posteriormente, los registros bajaron a 49 en mayo, 44 en junio y 39 en julio. Pese a esa reducción mensual, el acumulado se mantuvo por encima de 2025, impulsado principalmente por la destrucción ambiental y los delitos contra animales domésticos.
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Las cifras del Ministerio Público corresponden a hechos puestos en conocimiento de las autoridades y sometidos a investigación. Por ello, no representan necesariamente delitos comprobados mediante una sentencia, ni abarcan todas las actividades ilícitas que puedan estar ocurriendo en áreas remotas. Los operativos de agosto en Darién muestran la dificultad de medir la dimensión real de la minería ilegal.
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