La Justicia panameña dio este sábado un nuevo paso en la investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania al imputar cargos por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenar la detención provisional de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos captadores de panameños mediante falsas ofertas de trabajo.
La decisión fue adoptada por la juez de garantías Eyvis Jaén, quien además legalizó la aprehensión realizada el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como diversas diligencias de vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
La investigación sostiene que el imputado habría participado en el traslado y acompañamiento de personas que estaban próximas a viajar hacia Rusia.
Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que la investigación ha permitido establecer que, al menos, dos ciudadanos panameños fueron contactados para incorporarse al conflicto armado.
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Según el Ministerio Público, las víctimas recibían promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de un bono que oscilaría entre 20,000 y 70,000 dólares, una oferta económica que habría sido utilizada para atraer principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía sostiene que detrás de esas propuestas laborales se ocultaba un esquema de captación para trasladar a los reclutados hasta Rusia, desde donde posteriormente terminarían vinculados con operaciones militares relacionadas con la guerra contra Ucrania.
Las autoridades investigan el caso como un posible delito de trata de personas, al considerar que las víctimas habrían sido engañadas sobre la verdadera naturaleza del viaje.
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Entre las personas identificadas por la investigación figuran un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian que los presuntos reclutadores buscaban personas con necesidades económicas para convencerlas de aceptar la oferta.
Las investigaciones también revelan que el ahora imputado habría transportado a dos de las víctimas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al aeropuerto.
Posteriormente, las autoridades lo sorprendieron en Tocumen cuando, presuntamente, esperaba a los viajeros y mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar el país.
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Durante la audiencia, Brooks rechazó las acusaciones. El imputado aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte y afirmó que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.
En una breve intervención también manifestó que desconoce cómo funcionaba el proceso para captar personas y negó haber participado en la organización de esos viajes.
Pese a esos argumentos, la juez concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la detención provisional, al considerar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. La defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que un tribunal superior deberá fijar en los próximos días la fecha para revisar esa decisión.
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La captura del imputado ocurrió apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de ciudadanos identificados en ambos bandos de la guerra.
De acuerdo con la Cancillería, 19 panameños han sido vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, uno de ellos murió en combate y varios permanecen desaparecidos.
El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó recientemente que el aumento de casos se produjo después de que más familiares acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición o pérdida de contacto con personas que viajaron al extranjero atraídas por supuestas ofertas de empleo. Esos reportes permitieron ampliar el registro oficial y reforzar las investigaciones.
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Actualmente, el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos. Dos expedientes fueron abiertos tras denuncias de familiares y otros dos surgieron a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que desde hace meses sigue la pista de personas que presuntamente facilitan estos viajes desde Panamá.
El caso también provocó una reacción de la Embajada de Rusia en Panamá, que rechazó las versiones sobre un supuesto sistema de reclutamiento fraudulento impulsado por el Estado ruso.
La representación diplomática aseguró que los extranjeros que ingresan a las Fuerzas Armadas de ese país lo hacen mediante contratos voluntarios y afirmó que la misión diplomática no organiza campañas de reclutamiento, aunque expresó su disposición de colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades panameñas.
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