Panamá mantiene vía diplomática reservada para liberar a siete ciudadanos retenidos en Cuba

Panamá mantiene activas las gestiones diplomáticas para lograr el retorno de siete ciudadanos detenidos en Cuba, en un proceso que el Gobierno ha decidido manejar con discreción y apego a los procedimientos legales del país caribeño, en medio de un caso que sigue bajo investigación y con implicaciones judiciales.

El canciller Javier Martínez-Acha explicó que la estrategia no pasa por la exposición mediática, sino por resultados concretos que permitan avanzar en favor de los connacionales.

“Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña, al explicar que este tipo de casos requiere una actuación firme pero prudente.

El funcionario subrayó que estas acciones responden a instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino, quien ha solicitado dar prioridad absoluta a la protección de los ciudadanos involucrados.

El canciller confirmó que, tras la liberación de tres de los diez ciudadanos inicialmente detenidos, siete panameños continúan bajo investigación y enfrentan distintas etapas del proceso, que incluyen juicio y eventual sentencia.

En ese sentido, indicó que el Estado panameño mantiene un acompañamiento integral, que abarca asistencia consular permanente, defensa jurídica y seguimiento cercano a las condiciones de los detenidos.

“Seguimos apoyando firmemente, por instrucciones del presidente Mulino, desde la asistencia consular y las defensas jurídicas que el Estado está asumiendo para los siete”, señaló Martínez-Acha. Añadió que las gestiones continúan de manera constante como parte de una estrategia orientada a lograr “lo más pronto posible” el retorno de los ciudadanos panameños al país.

El caso se remonta al 28 de febrero, cuando diez ciudadanos panameños fueron detenidos en La Habana, bajo acusaciones de participar en actividades de propaganda contra el orden constitucional.

Según la versión oficial de las autoridades cubanas, los implicados habrían sido orientados para realizar acciones consideradas subversivas, en un proceso que sigue en curso para la mayoría de los involucrados.

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio del Interior de Cuba, los detenidos habrían ingresado al país con el propósito de confeccionar mensajes con contenido político, lo que derivó en su arresto. Las autoridades también señalaron que estas acciones habrían sido remuneradas con montos que oscilaban entre los $1,000 y $1,500 por persona, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

El grupo estaba integrado inicialmente por 20 panameños; sin embargo, 10 lograron salir de la isla antes de que las autoridades cubanas efectuaran las detenciones.

En este contexto, el canciller reiteró que el Estado panameño ha mantenido contactos permanentes con sus contrapartes en Cuba, incluyendo reuniones de alto nivel y gestiones diplomáticas sostenidas. Estas acciones buscan garantizar que se respeten los derechos de los detenidos y avanzar en posibles soluciones dentro del marco legal correspondiente.

“La diplomacia no son titulares, la diplomacia son resultados”, enfatizó Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la necesidad de manejar el caso con prudencia. El funcionario insistió en que existe una línea clara de trabajo desde el Ejecutivo para lograr avances concretos sin interferir en los procesos judiciales del país donde se desarrollan los hechos.

Las autoridades panameñas también han facilitado la comunicación con familiares de los detenidos y han evaluado alternativas para que puedan mantener contacto directo, en medio de un proceso que ha generado preocupación en el país. Estas acciones forman parte del acompañamiento integral que el Gobierno ha decidido mantener mientras se desarrolla el caso.

La liberación de tres de las personas detenidas respondió a factores como la colaboración con las autoridades y la aplicación de figuras legales contempladas en el sistema penal cubano. También se consideró un gesto de carácter humanitario en el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Mientras tanto, los siete ciudadanos panameños restantes continúan bajo custodia en instalaciones de seguridad en Cuba, a la espera de la evolución de sus procesos judiciales. El Gobierno panameño ha reiterado que este caso es una prioridad de Estado y que se mantendrán todas las acciones necesarias para lograr una resolución favorable.

El canciller insistió en que el trabajo diplomático seguirá desarrollándose con cautela, pero con un objetivo claro. “No paramos de pensar en ellos ni de hacer gestiones para traerlos de vuelta”, afirmó, al dejar claro que el Gobierno continuará impulsando todas las vías posibles para lograr el retorno de los connacionales en el menor tiempo posible.