El Consejo de Seguridad Nacional

Desde hace décadas vengo sosteniendo la necesidad de crear, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional cuya misión sea informar al presidente de la Nación sobre los riesgos y amenazas que enfrenta la República Argentina y proponer las medidas necesarias para anticiparse a ellos o contrarrestarlos cuando las circunstancias así lo exijan.

No se trata de crear una nueva estructura burocrática, sino de aprovechar de manera más eficiente y coordinada las capacidades con las que ya cuenta nuestro país.

El Presidente de la Nación, por mandato constitucional, conduce las relaciones exteriores y ejerce la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Son precisamente esas dos áreas, junto con la Secretaría de Inteligencia, las que deberían aportar sus mejores cuadros profesionales a un Consejo de Seguridad Nacional, concebido como un instrumento de asesoramiento estratégico y coordinación al servicio del jefe del Estado.

La experiencia internacional ofrece antecedentes valiosos.

La Segunda Guerra Mundial le enseñó a los Estados Unidos, una de las potencias vencedoras del conflicto, que numerosos errores podrían haberse evitado y muchas vidas, salvado mediante una coordinación más eficaz entre diplomáticos, militares y organismos de inteligencia.

Fue a partir de esa experiencia que el presidente Harry Truman impulsó la creación del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, establecido en 1947.

Por supuesto, la coordinación de estas capacidades no constituye una tarea sencilla. Existen suficientes evidencias de que, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se produjeron graves fallas de comunicación e intercambio de información entre los organismos de inteligencia interior y exterior de los Estados Unidos.

Sin embargo, aunque muchos de sus éxitos son poco conocidos por razones evidentes, el sistema estadounidense ha demostrado a lo largo de las décadas su utilidad para coordinar la respuesta del Estado frente a amenazas de naturaleza diversa, provenientes tanto de organizaciones terroristas como de Estados adversarios.

Por la delicadeza de las materias involucradas y por las atribuciones constitucionales que se encuentran en juego, los otros poderes del Estado —el Legislativo y el Judicial— no pueden ni deben integrar este instrumento propio del Poder Ejecutivo. Ello no significa que sus actividades deban quedar exentas de control. Por el contrario, corresponde que los órganos competentes ejerzan los mecanismos de supervisión y control posterior previstos por nuestro ordenamiento constitucional.

La Argentina necesita desarrollar una visión estratégica de largo plazo sobre sus intereses permanentes.

El Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida Argentina constituyen una parte fundamental del patrimonio y de la herencia que debemos preservar para las futuras generaciones.

Nuestro país es una tierra de paz y libertad. Sus legítimos reclamos de soberanía se sostienen y defienden en el ámbito del derecho internacional, mediante los instrumentos diplomáticos y jurídicos que corresponden a una nación comprometida con la solución pacífica de las controversias.

Pero no todos los actores internacionales se conducen conforme a esos mismos principios.

Irán, por ejemplo, está vinculado, según las investigaciones y acusaciones de la justicia argentina, con los atentados terroristas perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. El Reino Unido, por su parte, continúa ejerciendo el control sobre nuestras Islas Malvinas y mantiene una presencia militar en el Atlántico Sur, en el marco de una disputa de soberanía que permanece irresuelta.

La Antártida constituye otro escenario de importancia estratégica extraordinaria. El continente concentra aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta y cerca del 90% de su hielo. Su régimen jurídico internacional, establecido por el Tratado Antártico firmado en Washington en 1959 y complementado posteriormente por el Protocolo de Madrid, establece restricciones fundamentales sobre las actividades que pueden desarrollarse en su territorio.

El Protocolo de Madrid prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, y contempla a partir de 2048 la posibilidad de convocar una conferencia para revisar su funcionamiento, bajo determinadas condiciones.

Esto no significa que las prohibiciones desaparezcan automáticamente en esa fecha. Significa, en cambio, que la Argentina debe prepararse con suficiente anticipación para participar, desde una posición sólida, en cualquier discusión futura sobre el régimen antártico.

Otro asunto de vital importancia es la comunicación bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

Actualmente, el Canal de Panamá constituye una de las principales vías de conexión marítima entre ambos océanos. Sin embargo, en un escenario de conflicto bélico de escala mundial, esa infraestructura podría verse interrumpida o inutilizada.

En tales circunstancias, y mientras no prosperen otras alternativas de conectividad terrestre, los pasos marítimos del extremo austral de América del Sur adquirirían una importancia estratégica todavía mayor.

El estrecho de Magallanes, el canal Beagle y las rutas marítimas al sur del cabo de Hornos representan espacios de enorme relevancia para el comercio internacional y para la seguridad de las comunicaciones oceánicas.

Los acontecimientos recientes en torno al estrecho de Ormuz y al de Bab el-Mandeb han vuelto a demostrar hasta qué punto el control, la seguridad y la disponibilidad de los pasos marítimos estratégicos pueden condicionar la economía mundial y alterar el equilibrio geopolítico.

La Argentina no puede permanecer ajena a estas realidades.

Su posición geográfica, su proyección sobre el Atlántico Sur, sus intereses antárticos, sus recursos naturales y su responsabilidad en la preservación de la soberanía nacional exigen una capacidad permanente de análisis, anticipación y coordinación estratégica.

Un Consejo de Seguridad Nacional permitiría reunir las capacidades diplomáticas, militares y de inteligencia del Estado para ofrecer al presidente una evaluación integral de los riesgos, identificar oportunidades y formular respuestas coordinadas frente a los desafíos del escenario internacional.

No se trata de militarizar la política exterior ni de subordinar las decisiones políticas a los organismos de inteligencia. Se trata, precisamente, de fortalecer la conducción política del Estado, poniendo a su disposición información de calidad, análisis profesional y mecanismos institucionales que permitan tomar mejores decisiones.

Los países que defienden eficazmente sus intereses nacionales no improvisan su estrategia frente a cada crisis. Construyen instituciones capaces de anticipar los acontecimientos y sostener políticas de Estado más allá de las circunstancias políticas de cada momento.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional debe entenderse en esa perspectiva.

Porque la seguridad nacional, la soberanía y el lugar que la Argentina ocupará en el mundo deben pensarse en función de las futuras generaciones, y no de las próximas elecciones.