Argentina: por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo

Hay una pregunta que la Argentina debería hacerse con más frecuencia: ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en cosas básicas que nos permitan -como país- salir adelante? No se trata de eliminar las diferencias políticas, ideológicas o culturales. Tampoco de pretender que quienes piensan distinto renuncien a sus convicciones. Es algo mucho más simple: nuestra dificultad para construir acuerdos sobre determinadas reglas de juego que deberían mantenerse estables, independientemente de quién gobierne.

¿Por qué un gobierno tiene que desarmar lo que hizo el anterior? ¿Por qué nos resulta tan difícil establecer políticas públicas que sobrevivan a una elección?

La pregunta no es menor. Porque detrás de esa dificultad hay una de las explicaciones posibles de nuestro prolongado estancamiento.

El desarrollo de un país es mucho más que una suma de indicadores económicos. No alcanza con tener un Producto Bruto Interno elevado, exportar mucho o acumular riqueza. Una sociedad se desarrolla cuando una mayoría significativa de sus habitantes puede vivir con dignidad: acceder a la salud, a la educación y a una vivienda; ejercer sus derechos civiles, jurídicos y políticos; elegir libremente cómo vivir y tener la posibilidad concreta de construir un futuro mejor.

Una economía puede crecer y, sin embargo, dejar a buena parte de su población al margen de ese progreso. Por eso, el desarrollo no puede medirse exclusivamente en términos económicos. También debe medirse por las condiciones de vida de las personas.

Para alcanzar ese objetivo, la inversión privada y la creación de empleo genuino son fundamentales. El trabajo formal permite generar ingresos, ampliar oportunidades y promover la movilidad social ascendente. Y esa movilidad es una de las bases del bienestar general.

Pero el sector privado necesita condiciones para invertir. Necesita previsibilidad, seguridad jurídica y reglas de juego razonablemente estables. Nadie compromete recursos a largo plazo con la misma tranquilidad si sabe que las condiciones de su inversión pueden cambiar radicalmente con cada nuevo gobierno. Ahí aparece el problema argentino.

Nos cuesta construir una plataforma de políticas públicas capaz de trascender a los gobiernos de turno. Y nos cuesta hacerlo, en buena medida, porque nos cuesta ponernos de acuerdo.

Una historia de divisiones

La dificultad para construir consensos tiene una dimensión histórica y cultural. Desde los primeros años de nuestra organización política, la Argentina estuvo atravesada por grandes divisiones. La independencia respecto de la Corona española, la disputa entre unitarios y federales, las diferentes concepciones sobre la organización del Estado y las tensiones entre proyectos políticos y económicos marcaron nuestra historia.

Muchas de esas disputas se resolvieron mediante enfrentamientos y violencia. Otras dejaron heridas que continuaron condicionando la vida política durante generaciones.

Con el tiempo cambiaron los protagonistas, las ideas y los nombres de las divisiones. Pero la tendencia a organizar nuestra vida pública alrededor de posiciones enfrentadas persistió.

La Argentina es, además, un país territorialmente extenso, con una enorme diversidad regional y una historia atravesada por distintas corrientes migratorias. Sus habitantes tienen tradiciones, identidades, experiencias y realidades económicas muy diferentes.

Esa pluralidad es una riqueza. No deberíamos confundir diversidad con un problema ni pretender que una sociedad compleja piense de una única manera.

El desafío consiste en transformar esa diversidad en una fortaleza colectiva.

Para eso necesitamos encontrar puntos de encuentro entre personas y sectores que tienen intereses, valores y visiones diferentes. No se trata de borrar las diferencias, sino de reconocer que, aun con ellas, podemos construir acuerdos sobre cuestiones esenciales.

Una sociedad democrática no necesita unanimidad. Necesita capacidad para procesar sus desacuerdos sin convertirlos en obstáculos permanentes para su desarrollo.

El cerebro también tiene algo que decir

Hay otra dimensión de este problema que merece atención: la manera en que funciona nuestro cerebro.

En Pensar rápido, pensar despacio, el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, describe dos modos de pensamiento. El primero es rápido, intuitivo y automático. El segundo requiere mayor esfuerzo, atención y reflexión.

El pensamiento rápido (sistema 1) nos permite reaccionar ante situaciones cotidianas sin tener que analizar cada decisión desde cero. Es indispensable para la vida. Pero también puede llevarnos a emitir juicios apresurados, reproducir prejuicios y aceptar con mayor facilidad aquello que confirma lo que ya pensamos.

El pensamiento reflexivo (sistema 2), en cambio, nos exige detenernos, revisar nuestras intuiciones y considerar información que puede contradecir nuestras convicciones.

Esta distinción ofrece una clave para pensar nuestras dificultades para dialogar. Cuando escuchamos una opinión diferente y nuestra primera reacción es rechazarla, descalificar a quien la expresa o buscar inmediatamente argumentos para demostrar que está equivocado, estamos privilegiando la reacción sobre la reflexión.

Cuando nos rodeamos exclusivamente de personas que piensan como nosotros, consumimos información que confirma nuestras ideas y tratamos cualquier objeción como una amenaza, reforzamos ese mecanismo.

En política, ese comportamiento puede alimentar la polarización.

El problema aparece cuando aquella identificación con nuestras propias ideas se transforma en una frontera infranqueable. Entonces dejamos de discutir ideas y empezamos a juzgar personas. Ya no importa tanto qué propone el otro, sino quién es, a qué espacio pertenece o qué dirigente apoya. Y cuando eso ocurre, alcanzar acuerdos se vuelve mucho más difícil.

El adversario no es un enemigo

La política democrática supone competencia. Los partidos tienen intereses diferentes, los gobiernos buscan sostener sus proyectos y las oposiciones intentan reemplazarlos. Esa disputa es legítima y necesaria. Pero competir no debería impedir la cooperación.

Quien piensa distinto no es necesariamente un enemigo. Es, como mínimo, un adversario político. Una persona que puede estar equivocada en algunas cosas y tener razón en otras. Alguien que puede aportar una perspectiva que nosotros no habíamos considerado.

Escuchar al otro no significa darle la razón. Significa aceptar que nuestras propias ideas también pueden ser incompletas y que el intercambio puede mejorarlas. Ese es el punto de partida para construir acuerdos básicos.

No hace falta que un gobierno de derecha y uno de izquierda compartan toda su visión económica. Tampoco que un presidente libertario y uno peronista tengan la misma concepción del Estado. Lo que sí hace falta es que puedan reconocer determinadas reglas y políticas fundamentales que merecen continuidad.

La estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la calidad de la educación, el funcionamiento de las instituciones y las condiciones necesarias para promover la inversión y el empleo deberían poder discutirse con una perspectiva que exceda el calendario electoral.

Eso no implica que las políticas sean intocables. Las circunstancias cambian, los resultados deben evaluarse y las decisiones pueden corregirse. La continuidad no significa inmovilidad. Significa que los cambios respondan a razones fundadas y no solamente a la necesidad de diferenciarse del gobierno anterior.

El RIGI y el costo de la incertidumbre

Hay ejemplos de actualidad que permiten comprender por qué esta discusión es mucho más que una cuestión teórica.

El 14 de octubre, el diputado nacional Máximo Kirchner advirtió que, si el peronismo vuelve al Gobierno en 2027, habrá que auditar uno por uno los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Calificó el esquema como un “estatuto de coloniaje” y cuestionó sus beneficios fiscales. Es cierto que también aclaró que los proyectos que estén en regla deberán continuar, porque sus beneficios constituyen derechos adquiridos.

La auditoría de un régimen de inversiones no es, por sí misma, ilegítima. Cualquier gobierno tiene la responsabilidad de controlar que los proyectos cumplan las condiciones establecidas. La cuestión de fondo es otra: qué garantías tienen quienes invierten de que los compromisos asumidos por el Estado serán respetados.

Pensemos en una empresa que evalúa comprometer miles de millones de dólares en minería, energía o infraestructura. La decisión requiere años de planificación, proyecciones de costos, financiamiento y una estimación de las condiciones bajo las cuales recuperará su inversión.

En ese contexto, las declaraciones de un dirigente que podría integrar un futuro gobierno importan. Aunque prometa respetar los derechos adquiridos, anunciar que se revisará cada proyecto puede abrir interrogantes sobre los criterios que se utilizarán, los plazos de esa revisión y las consecuencias que podría tener.

El problema no es que un gobierno futuro controle lo que hizo el anterior. El problema aparece cuando no existe suficiente confianza en que las reglas y los compromisos asumidos por el Estado van a ser respetados.

La seguridad jurídica no significa que una política pública jamás pueda revisarse. Significa que las decisiones se toman dentro de reglas previsibles, con criterios claros y respetando los derechos establecidos.

Si cada cambio de gobierno pone bajo sospecha los compromisos de largo plazo de su antecesor, el país transmite una señal que puede desalentar inversiones. Y cuando las inversiones se postergan, también se postergan las oportunidades de producir, generar empleo y ampliar el bienestar.

El RIGI es un ejemplo concreto de una discusión más profunda: ¿puede la Argentina construir un acuerdo básico sobre las condiciones que necesita para atraer inversiones productivas, aun cuando existan diferencias legítimas sobre los beneficios que debe ofrecerles? Ese es el tipo de conversación que deberíamos poder sostener sin convertir cada herramienta económica en una batalla partidaria.

Aprender a construir acuerdos

No hay una fórmula mágica para resolver este problema. Tampoco alcanza con reclamar diálogo en abstracto. Ponerse de acuerdo exige identificar qué problemas queremos resolver, reconocer los intereses legítimos de los distintos actores y construir mecanismos para que las conversaciones se traduzcan en decisiones concretas.

El Gobierno tiene una responsabilidad central porque dispone de herramientas para establecer reglas, diseñar políticas públicas y convocar a los sectores involucrados. Pero no puede resolver por sí solo todos los problemas de una sociedad. Necesita del sector privado, de los trabajadores, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil y de los distintos espacios políticos. Necesita escuchar, negociar y construir acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.

Eso exige algo más que una reunión entre dirigentes o una fotografía que transmita voluntad de diálogo. Exige instituciones, objetivos claros, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento. También exige una disposición cultural: aceptar que el otro puede pensar distinto sin convertirse por eso en una amenaza.

La Argentina no necesita que todos pensemos igual. Necesita que seamos capaces de acordar en aquello que resulta indispensable para vivir mejor. Porque el desarrollo no depende exclusivamente de las decisiones de un presidente, de una orientación ideológica o de un programa económico. Depende también de la capacidad de una sociedad para construir reglas previsibles, sostener políticas públicas y ofrecer a sus habitantes un horizonte de oportunidades.

La pregunta inicial, entonces, sigue en pie: ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo?

Quizás una parte de la respuesta esté en nuestra historia, otra en nuestra cultura política y otra en los mecanismos que nos llevan a reaccionar antes de reflexionar. Pero hay algo que no deberíamos perder de vista: ninguna de esas dificultades nos condena a repetir indefinidamente los mismos errores.

Aprender a dialogar, escuchar a quien piensa diferente y construir consensos básicos no es una concesión ideológica. Es una capacidad colectiva que podemos desarrollar. Y de esa capacidad depende, en buena medida, que la Argentina deje de discutir una y otra vez cómo empezar de nuevo y pueda, finalmente, construir algo que perdure.