La Coparticipación: una deuda impaga desde 1996

El 31 de diciembre se cumplen treinta años de un mandato constitucional incumplido: la Argentina debía tener una nueva Ley de Coparticipación Federal antes de 1996 y todavía nos gobierna una norma de 1988, la cual se prorroga de manera automática.

No se trata de un simple olvido institucional o de una falla jurídica, sino de un lamentable signo de discordia política que explica buena parte de las tensiones fiscales que discutimos todos los años, en cada presupuesto, en cada paritaria docente, en cada bache que un municipio no puede arreglar.

Días atrás, desde el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) organizamos una jornada de debate en el Senado de la Nación donde ese estado de situación volvió a discutirse con legisladores de distintos bloques y funcionarios de varios niveles de gobierno. Que el tema haya vuelto a tomar relevancia en la conversación pública es, en sí mismo, una buena noticia, y la ocasión para contar qué es el CeATS: un organismo público no estatal de carácter intergubernamental, con 22 años de historia, que nuclea a 23 de las 24 jurisdicciones provinciales y a más de un centenar de municipios argentinos, y que dedica buena parte de su tarea a capacitar a los agentes que todos los días liquidan y gestionan los impuestos provinciales y municipales. Pero la formación no alcanza si la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Por eso, en esta jornada, se decidió dar un paso más y crear el Observatorio de Federalismo Fiscal del CeATS, un espacio destinado a generar información técnica y objetiva sobre el funcionamiento de la coparticipación, los ingresos brutos y las tasas municipales, con la mirada autocrítica que este debate necesita.

Los números que se exhibieron en el Senado explican los motivos de esta iniciativa. Como recordó el constitucionalista Antonio María Hernández, convencional constituyente en 1994: “El país sufre de unitarismo fiscal. Hoy los ingresos tributarios del Gobierno Central representan el 84,4%, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires perciben el 14,2%, y los más de dos mil municipios del país perciben apenas el 1,4%. Es falso que los municipios sean los culpables de la presión impositiva. El 31 de diciembre cumplimos 30 años de violación constitucional. La reforma de 1994 nos dejó el mandato de sancionar una nueva ley de coparticipación y eso todavía no se hizo.”

El ex senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, completó el diagnóstico con datos igual de contundentes: “La Ley 23.548, sancionada en enero de 1988, estableció un régimen transitorio hasta diciembre de 1989. Llevamos 38 años prorrogando de forma automática una norma provisional. Y esa misma ley exige que la masa distribuida a las provincias no sea inferior al 34% de la recaudación tributaria nacional, un piso que no se cumple hace años entre enero y agosto de 2026 apenas rondó el 29,9%. Hay provincias, como La Rioja, que dependen en un 85% de la coparticipación federal; Formosa, en un 74%. Toda discusión de reforma tiene que contemplar estas realidades estructurales”.

Con estos datos delante, cualquier discusión sobre una reforma corre el riesgo de hacerse a ciegas o por presión. Y ninguna de esas alternativas es lo que Argentina necesita. En ese punto es donde los principios del verdadero federalismo fiscal deben honrarse y priorizarse: no para zanjar la cuestión desde una lógica de “suma cero” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios, sino para aportar una solución institucional estructural que articule los intereses y las necesidades de nuestro país en su conjunto. Resulta necesario el diálogo interjurisdiccional y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para evitar una competencia estéril y dañina por los recursos fiscales, hoy desgraciadamente reducida a una confrontación despareja entre protagonistas que, por momentos, olvidan que dependen los unos de los otros para que el Estado funcione. Nadie gana solo. Y así como no tengo certezas acerca de cuándo la Argentina finalmente tendrá su nueva Ley de Coparticipación Federal, sé que si algo aprendí durante todos estos años de investigación y debate es que las reformas de fondo no se producen de un día para el otro, sino que se construyen con información y con la perseverancia en sostener un espacio de diálogo incluso cuando no haya urgencias electorales que lo empujen.

Es por esto que el lanzamiento del Observatorio no se agota en esta jornada. El CeATS va a sostener actividades similares con cierta periodicidad y un objetivo concreto: generar los insumos técnicos para un eventual proyecto de ley.

Para eso, el CeATS va a convocar a la Comisión Federal de Impuestos y a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb), además de interactuar con los Consejos Profesionales de abogados, contadores y escribanos de todo el país, las principales cámaras empresariales y la comunidad académica. Cuantas más voces técnicas se sumen a este diagnóstico, mejores serán las bases sobre las que, el día de mañana, el Congreso pueda legislar.

Promover espacios de trabajo conjuntos es, en definitiva, lo que el CeATS viene haciendo desde hace 22 años, y lo que, a través del Observatorio, aspira a profundizar.

El autor es presidente del CeATS y Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)