Elecciones 2027: inteligencia artificial y la libertad del voto

La Argentina comienza a ingresar en el clima político que conducirá a las elecciones presidenciales de 2027. También volverán las campañas sucias, que no nacieron con la tecnología. Sin embargo, será la primera elección presidencial argentina desarrollada con herramientas de inteligencia artificial generativa ampliamente disponibles, integradas a aplicaciones de uso cotidiano y al alcance de millones de personas.

En 2023 la inteligencia artificial ya existía, pero su calidad, accesibilidad y difusión eran muy diferentes. Hoy, un usuario común puede generar desde un teléfono una imagen falsa, clonar una voz o construir un video con una apariencia de realidad cada vez más difícil de detectar. Lo que antes exigía conocimientos especializados, tiempo y recursos puede realizarse en minutos y a muy bajo costo.

La inteligencia artificial no inventó la mentira política ni es responsable de su utilización. Es una herramienta capaz de contribuir al conocimiento, la inversión, la educación y la modernización institucional. El problema aparece cuando una persona, una organización o una estructura coordinada la utiliza deliberadamente para falsificar una identidad, perjudicar a un candidato o engañar al electorado. Lo nuevo no es la manipulación, sino su velocidad, su escala y su creciente verosimilitud.

La democracia argentina se ha ocupado históricamente de proteger el momento del sufragio: los padrones, las autoridades de mesa, la fiscalización, las boletas, las urnas y el recuento. Todo ello es indispensable. Pero la inteligencia artificial obliga a formular una pregunta anterior: ¿qué ocurre si el ciudadano llega a votar después de haber sido engañado mediante un video falso, una voz clonada o una campaña diseñada para explotar sus temores?

Un antecedente argentino permite comprender la gravedad del problema. Tres días antes de las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005, Enrique Olivera, entonces candidato a legislador porteño por el ARI, fue denunciado por la supuesta existencia de cuentas bancarias no declaradas en Suiza y Estados Unidos. Los datos eran falsos. Olivera obtuvo una banca, pero la aclaración llegó cuando la elección ya era irreversible. Casi dos años después, quien había impulsado la denuncia se retractó, pidió disculpas y afirmó que había sido utilizado involuntariamente.

No puede saberse cuántos ciudadanos modificaron su voto por aquella acusación ni atribuirle por sí sola un resultado electoral. El episodio, sin embargo, dejó una enseñanza vigente: una falsedad difundida en el momento preciso puede producir efectos que ninguna rectificación posterior consigue reparar. Con las herramientas disponibles en 2027, una operación semejante podría incorporar imágenes, audios o videos falsos de enorme credibilidad y alcanzar a millones de personas en pocas horas.

A ello se suma la posibilidad de crear redes de cuentas automatizadas o inauténticas que multipliquen el contenido, instalen temas y simulen apoyo espontáneo. Una operación ya no necesita convencer a toda la sociedad: puede dirigirse a determinados grupos, edades, regiones, preferencias o temores. Cada sector del electorado puede recibir una versión diferente de la misma falsedad.

La velocidad será determinante. Un contenido difundido en los días o las horas anteriores a la votación puede alcanzar a millones de personas cuando ya no existe tiempo para verificarlo, identificar su origen y hacer llegar el desmentido a quienes lo recibieron. Frente a un audio o un video impactante, será necesario comprobar si proviene de una cuenta oficial y si fue confirmado por fuentes independientes. Pero no puede exigirse que cada ciudadano actúe como perito informático ante todo lo que recibe por WhatsApp o encuentra en una red social.

La incorporación de la boleta única de papel para las elecciones nacionales constituye un avance institucional que debe ser defendido y consolidado. Garantiza que toda la oferta electoral se encuentre disponible en un único instrumento provisto por la autoridad. Su límite es evidente: puede proteger la emisión del voto, pero no impedir que al elector le hayan fabricado una realidad falsa antes de ingresar al establecimiento electoral.

Existen proyectos legislativos orientados a cubrir ese vacío y su discusión es urgente. No se trata de penalizar la inteligencia artificial, sino las conductas humanas realizadas mediante ella. La creación o manipulación deliberada de una imagen, un audio o un video para atribuir falsamente una conducta y causar un perjuicio debe recibir una respuesta legal. Si la finalidad es engañar al electorado y alterar la formación de la voluntad popular, esa circunstancia merece una consideración especialmente grave.

La norma deberá ser precisa. No puede confundirse un deepfake malicioso con una parodia claramente identificada, una creación artística, una recreación consentida o el ejercicio de la crítica política. La libertad de expresión protege el debate público, incluso cuando resulte duro o incómodo. Lo punible debe ser el engaño deliberado: fabricar una apariencia de realidad, atribuírsela a otra persona y utilizarla para provocar un daño.

La sanción penal, por sí sola, no resolverá el problema. En estas operaciones, la investigación no debería agotarse en quien fabrica o publica el contenido. Será necesario reconstruir la cadena de decisión, financiamiento, producción y difusión, porque el ejecutor digital puede ser apenas el último eslabón de una estrategia organizada. También habrá que distinguir a quien comparte de buena fe de quien coordina, financia o elige deliberadamente el momento de la propagación.

La Justicia Electoral deberá prepararse desde ahora. Se necesitan procedimientos urgentes para recibir denuncias, preservar evidencia digital, requerir la cooperación de las plataformas, identificar el origen y el financiamiento de los contenidos y comunicar rápidamente una falsificación comprobada. Los partidos políticos, los medios, las plataformas y el Estado también deberán construir mecanismos de prevención, verificación y respuesta antes del comienzo formal de la campaña.

Desde una perspectiva penal y estratégica, el desafío no consiste solamente en sancionar después del daño, sino en detectar una operación, asegurar la prueba y limitar sus efectos mientras todavía existe tiempo. Las elecciones de 2027 ya están comenzando en las pantallas, en los teléfonos y en los sistemas que seleccionan la información que cada persona recibe. Proteger el voto exigirá también defender la libertad con la que cada ciudadano decide antes de llegar a la urna.

*Jorge Monastersky es abogado penalista y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.