La odisea de la ley de financiamiento universitario

La historia de la Ley de Financiamiento Universitario no es solo una discusión presupuestaria, es una radiografía del modo en que el Gobierno nacional considera a las universidades, la ley, el Congreso y la Constitución. Durante 2024 y 2025 la discusión por el financiamiento universitario estuvo atravesada por una situación institucional completamente excepcional: la Argentina pasó dos años sin una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. En ese escenario, el Poder Ejecutivo gobernó mediante prórrogas presupuestarias y reasignaciones discrecionales de partidas, concentrando un margen de maniobra inédito sobre el gasto público y debilitando uno de los instrumentos centrales de control democrático sobre las prioridades del Estado.

Eso implicaba que no existía un presupuesto votado específicamente para garantizar el financiamiento universitario ni una planificación presupuestaria debatida democráticamente en el Congreso. En ese contexto, la discusión sobre la Ley de financiamiento universitario no era solamente educativa, también era una disputa sobre el rol del Parlamento en la definición de prioridades nacionales y sobre los límites constitucionales a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos públicos. Primero fue la Ley 27.757, sancionada en 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. Javier Milei la vetó mediante el Decreto 879/2024. Diputados intentó insistir, pero no alcanzó los dos tercios. El veto quedó firme.

La universidad pública demostró que atraviesa generaciones y clases sociales, no exclusivamente como un lugar donde se estudia, sino como una de las pocas instituciones que todavía sostienen una promesa concreta de movilidad social en la Argentina. Pero todo esto no ocurrió solamente dentro de los despachos del Congreso. Mientras el Gobierno ajustaba partidas, vetaba leyes o demoraba soluciones, afuera empezaba a gestarse otra cosa. La sociedad comenzó a percibir que el conflicto universitario ya no era únicamente una discusión técnica sobre números o presupuesto. Lo que estaba en juego era mucho más profundo: una determinada idea de país, de igualdad y de futuro.

El 23 de abril de 2024 tuvo lugar la primera gran Marcha Federal Universitaria. Miles de personas se movilizaron en todo el país. No fueron solamente estudiantes o docentes. Hubo familias enteras y muchísima gente que probablemente hacía años no participaba de una movilización. Y cuando el Gobierno decidió vetar la ley, lejos de apagarse, el conflicto creció todavía más.

El 2 de octubre de 2024 se realizó la segunda gran Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones masivas en todo el país. Las plazas otra vez se llenaron. Ya no era únicamente una protesta universitaria. Se convirtió en una discusión social más amplia sobre el valor de lo público, sobre el rol del Estado y sobre los límites del ajuste, porque incluso personas alejadas de la vida universitaria entendieron algo elemental, cuando un país empieza a deteriorar sistemáticamente sus universidades, no solamente se resiente la educación, también se deteriora la ciencia, la investigación, los hospitales universitarios y la posibilidad de construir una sociedad menos desigual. En 2025 el Congreso volvió a aprobar la ley, esta vez fue la Ley 27.795, llamada formalmente “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Pero llegar a esa votación no fue simple, ni automático. El oficialismo utilizó todos los mecanismos reglamentarios posibles para impedir que el proyecto avanzara: las comisiones no eran convocadas y la ley quedaba bloqueada sin tratamiento. Frente a eso, el propio recinto de la Cámara de Diputados tuvo que emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto para obligarlas a reunirse y emitir dictamen. Recién después de ese emplazamiento, y porque las comisiones quedaron forzadas por decisión del pleno de la Cámara, pudo firmarse el dictamen de mayoría y llevar nuevamente el proyecto al recinto.

En ese contexto, el 17 de septiembre de 2025, mientras la Cámara de Diputados debatía la ley, se realizó la tercera gran Marcha Federal Universitaria. Miles de estudiantes, docentes, no docentes, familias y ciudadanos volvieron a movilizarse en todo el país en defensa de la universidad pública. La discusión parlamentaria ya se había transformado en una causa social mucho más amplia. Allí finalmente la ley se aprobó en Diputados y luego en el Senado.

Así, la Ley de financiamiento universitario fue un proceso político e institucional largo, complejo y profundamente deliberativo y democrático. Durante meses hubo maniobras para trabar el debate, comisiones que no se convocaban, emplazamientos votados por la Cámara de Diputados, dictámenes forzados por la propia Cámara, sesiones extensas, vetos presidenciales y nuevas votaciones. Y, aun atravesando todo eso, el Congreso volvió una y otra vez sobre el mismo punto. Las mayorías parlamentarias insistieron, debatieron y ratificaron una decisión política clara: defender el financiamiento de las universidades públicas y el salario docente en un contexto de fuerte ajuste y ausencia de presupuesto nacional aprobado por el Parlamento.

El Poder Ejecutivo volvió a vetar mediante el Decreto 647/2025. Y entonces ocurrió algo institucionalmente decisivo, Diputados rechazó el veto y el Senado hizo lo mismo. La ley quedó ratificada por el Congreso.

Después vino otra instancia todavía más grave. El Decreto 759/2025 promulgó la ley, pero al mismo tiempo condicionó su aplicación efectiva, es decir, el Congreso sancionó la norma, rechazó el veto presidencial con las mayorías constitucionales requeridas y, aun así, el Poder Ejecutivo intentó limitar sus efectos por vía administrativa. No hay antecedentes comparables en la historia democrática argentina de una situación en la que un gobierno condicione de este modo la vigencia material de una ley ratificada por ambas cámaras después de un veto. En los hechos, el mensaje político fue evidente, si no podían impedir que el Congreso legislara, intentarían impedir que esa decisión se tradujera en una realidad concreta. No se discutía solamente una partida presupuestaria, lo que quedó en el centro del debate fue algo mucho más profundo, si el Poder Ejecutivo puede o no vaciar de contenido una ley vigente simplemente porque no está de acuerdo con ella.

Por eso el Consejo Interuniversitario Nacional fue a la Justicia, que ordenó aplicar artículos centrales de la ley, vinculados a salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles. El Gobierno apeló. La Cámara confirmó la medida cautelar. El Gobierno volvió a recurrir. Ahora el expediente está camino a la Corte Suprema. Hoy la pregunta ya no es solo cuánto dinero se destina a las universidades. La pregunta es más profunda: ¿puede un Presidente decidir qué leyes cumple y cuáles no? Hay una ley vigente, hay una voluntad del Congreso expresada y ratificada, hay una comunidad universitaria que sostiene aulas, investigación, extensión, hospitales, becas, ciencia y futuro con recursos cada vez más deteriorados.

La odisea de esta ley muestra algo brutal: para este Gobierno, la educación pública no es una inversión estratégica ni un derecho que debe garantizarse, es un gasto a domesticar, una institución a disciplinar y una ley a demorar hasta que pierda eficacia. Pero una república no funciona de esa manera. Las leyes que sanciona el Congreso no son recomendaciones optativas para el Poder Ejecutivo ni textos que puedan aplicarse solamente cuando coinciden con la voluntad política del gobierno de turno. Para eso existe la división de poderes, para eso existe el Parlamento y -justamente en momentos de crisis económica o de fuerte ajuste- es clave respetar las reglas institucionales.

El equilibrio fiscal es un objetivo legítimo y no solo del gobierno. Lo que no puede convertirse es en una justificación permanente para correr los límites constitucionales, ignorar decisiones del Congreso o vaciar de contenido leyes vigentes. Porque entonces ya no estamos discutiendo solamente una política presupuestaria. Estamos discutiendo si el voto de los representantes de la Nación tiene valor real o si puede quedar condicionado a la aceptación previa del Poder Ejecutivo.

Resulta contradictorio que quienes más hablan de auditorías sean hoy quienes impiden que la ley pueda aplicarse y llevar adelante mecanismos de control, estableciendo que sus resultados deben remitirse inmediatamente al Congreso. Nadie niega que el sistema universitario necesita cambios, modernización y adaptación a nuevas realidades tecnológicas, sociales. Toda institución pública importante se debe poder revisar y mejorar. Pero ningún proceso serio de transformación puede hacerse en medio del ahogo presupuestario. Al contrario, cualquier innovación profunda requiere planificación, estabilidad e inversión.

La universidad se expresó en el espacio público con tres multitudinarias manifestaciones, en el Congreso y en la Justicia. Este 12 de mayo volverá a demostrarse con la cuarta gran Marcha Federal Universitaria, donde una enorme parte de la sociedad argentina volverá a movilizarse en todo el país para defender una de las pocas instituciones que todavía generan igualdad, movilidad social y futuro. Porque después de tantos vetos, maniobras y bloqueos, hay algo que sigue intacto: la decisión colectiva de no resignarse a que la universidad pública sea vapuleada y tratada como un gasto descartable.

Ahora falta que el Gobierno nacional haga lo que cualquier gobierno constitucional debe hacer: cumplir la ley.