Menores delincuentes hacen lo que quieren con impunidad y violencia extrema, con el agregado de jactarse de sus crímenes en redes sociales, generando una subcultura de marginalidad aspiracional, donde se compite por el grado de violencia ejercida contra las víctimas.
El delito es considerado un trabajo. Frecuentemente, menores delincuentes son los principales sostenes de sus hogares y toda autoridad es considerada como el “enemigo”. Esto pasa acá y ahora, no es ficción o alguna sociedad distópica lejana. Es una realidad que, tarde o temprano, directa o indirectamente, nos afecta a todos. Y el momento de ocuparse es ahora.
El proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad no es “tribunero”, como chicaneó algún legislador: es sentido común.
Bienvenido y esperanzador que lo estén tratando en sesiones extraordinarias (inédito) en vez de estar en vacaciones extraordinarias. Esta ley, obviamente, no es la solución a la ola de inseguridad que atravesamos, pero sí es un paso fundamental en la dirección correcta.
Salvo un par excepciones (debatibles), ningún país que bajó la edad de imputabilidad la volvió a subir. En Argentina, se presentaron más de 20 proyectos desde 2017.
Es importante escuchar más a las víctimas, en vez de centrar el debate en torno a los delincuentes.
Es imprescindible determinar una edad de imputabilidad lógica basada en datos duros. Cuanto antes se los aborde, mejor.
“Pensar” que se cumplen 18 años y automáticamente se comienza a delinquir, es propio de algunos políticos desconectados de la realidad que anteponen a la política por sobre la gente y el sentido común.
Como víctima, me es más relevante que agarren a los menores que delinquen, que no los suelten (puerta giratoria) y que cuando los liberen no se hayan perfeccionado en el delito. No hay que inventar nada, es adaptar lo que ya funciona en el mundo.
Cuando se mencionan las estadísticas a favor o en contra, la “más confiable” debería surgir de circular en moto de noche por el conurbano bonaerense o caminar cualquiera de los miles de barrios de emergencia generados en las últimas décadas (recomiendo a los políticos que los visiten sin custodios para que aprecien los resultados de sus gestiones),con el fin de obtener datos empíricos.
La ley no será efectiva sin voluntad política, inversión y seriedad en su aplicación. Es necesario el nuevo Código Penal con penas más duras (incluye el proyecto de agravamiento de penas que impulsé el año pasado), acompañado con gestión transversal de Nación, provincias y municipios.
Claramente, lo que se viene haciendo no sirve y no alcanza. Hacen falta medidas drásticas urgentes y concretas, de las cuales muchas se pueden realizar sin necesidad de recursos.
Nuestra seguridad tiene que ser una prioridad, no un eslogan. Hay mucho por hacer y mucho por deshacer.
Los delincuentes que me dispararon, sin resistirme, un tiro en el pecho para robarme la moto en la Panamericana, a plena luz del día, por su contextura física seguramente eran menores, pero nunca se sabrá porque nunca los agarraron. Y si los hubiesen agarrado, posiblemente hoy estarían libres de todas formas.
Habiendo sido víctima referente, no espero nada de la política que nos condujo hasta esta realidad. Sí espero mucho más de la nueva política, pero no voy a esperar sentado.
Esperemos que sea realmente el principio de un cambio de época y que podamos tener un país donde salir a la calle no sea arriesgar la vida y se pueda vivir en verdadera libertad.