La ONU, tanto el Consejo de Seguridad como la silla del secretario general, sigue siendo un pilar del orden internacional: cuando funciona, habilita legitimidad y acción colectiva; cuando falla, deja a la intemperie la arquitectura de paz. Por eso, para la Argentina, la nominación de Rafael Grossi para suceder a António Guterres (mandato hasta el 31 de diciembre de 2026) no es un gesto protocolar: es una apuesta política. Se vincula con una idea simple que el gobierno de Javier Milei repite como mantra: si la seguridad se rompe, todo lo demás es retórica.
Guterres deja un balance que muchos califican como positivo, pero sería ingenuo ignorar el otro lado del espejo: la ONU exhibe un déficit crónico de eficacia justo en su misión principal, la paz y seguridad internacional.
“Volver a las raíces” fue el mensaje del presidente Milei ante la Asamblea General de 2025. Traducido: si la ONU no se reordena alrededor de su mandato original, seguirá deslizándose hacia la irrelevancia. La institución debe ajustar funciones al cambio de época, pero sin autoengaños: el equilibrio de poder manda, y las grandes potencias fijan límites que ningún voluntarismo puede borrar.
El espacio se militariza; la interdependencia se usa como arma y resurgen los dilemas de seguridad, mientras cada vez más actores desarrollan capacidades que atentan contra la tenue estabilidad existente.
Con la guerra en Ucrania —con bajas militares acumuladas que algunos estudios estiman cerca de los dos millones—, una transición incierta en Gaza y el riesgo de una escalada en el Indo-Pacífico (Taiwán), el mandato es claro: la agenda de la ONU tiene que volver a priorizar los desafíos que se producen de una mayor militarización mundial. Lo demás viene después.
En ese contexto, el próximo secretario general tendrá que hacer lo que la ONU evita: navegar un mundo particularista, con potencias que juegan a suma cero. Las consignas universalistas siguen sonando bien, pero ya no ordenan la realidad. Incluso la Agenda 2030 acumula más promesas impagas que logros verificables. La agenda está atravesada por seguridad internacional, competencia tecnológica y guerras que pueden escalar y esa situación se mantendrá hasta la segunda mitad del Siglo XXI.
Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), no es el único candidato. Entre sus competidores se encuentran figuras como Rebeca Grynspan (nominada por Costa Rica) y Michelle Bachelet (nominada por Chile), y la campaña independiente de Virginia Gamba.
Ahí aparece la candidatura de Michelle Bachelet, presentada con apoyo político explícito desde México y Brasil. Su promoción condensa una apuesta regional: la “internacional progresista latinoamericana” busca disputar la cúpula de la ONU con un relato de modernización. El problema —si la ONU quiere volver a ser eficaz— es el desfasaje entre símbolos y capacidades: una cosa es ampliar representación (incluida la de género), y otra es el oficio para gestionar los dilemas de paz y la seguridad internacional. En la práctica, muchas campañas terminan hablando de legitimidad, pero evitan discutir eficacia.
El episodio revela otra realidad incómoda: Sudamérica vuelve a fragmentarse en líneas ideológicas y geopolíticas. Hay menos consensos regionales y más alineamientos tácticos. Y, en ese terreno, la discusión por el secretario general funciona como termómetro; esa división no es producto de cómo la internacional progresista latinoamericana percibe cómo debería posicionarse América Latina en los asuntos mundiales, por ejemplo, mostrando cierta tolerancia a liderazgos como el de Maduro en Venezuela, escudándose en el derecho internacional para mantener estatus quo políticos que inclusive atentan contra los DD.HH. que dicen defender.
Grossi es un técnico-político con experiencia en el núcleo más sensible de la seguridad internacional —lo nuclear—, acostumbrado a tratar con líderes democráticos y autoritarios, y a operar donde el poder impone límites.
En contraste, parte de la “internacional progresista” latinoamericana tiende a aferrarse al statu quo y a venderlo como cambio. En el mejor de los casos, expandiría una Agenda 2030 ya desgastada, pero sin el músculo político necesario para enfrentar el núcleo del problema: la crisis de seguridad internacional. Sin seguridad, la sustentabilidad es un eslogan.
También es revelador el rol de la administración Lula —más que Brasil como Estado—. Brasil aspira desde hace décadas a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y, tarde o temprano, quiere reabrir la discusión del veto. Lula habla con todos, pero su estrategia es explícita: construir un orden alternativo con los BRICS como plataforma, con vínculos políticos con Rusia y un anclaje económico en China. En ese marco, cabe una pregunta incómoda: si Brasil se acerca a un asiento permanente, ¿cómo convivirán el respaldo de Lula a Bachelet y la histórica posición chilena de no extender el veto a nuevos permanentes?
La disputa por la Secretaría General no es un capricho diplomático: define si la ONU se re-funcionaliza o se resigna a ser marginada. Por eso, mientras el sistema se empantana, la administración Trump imagina un orden internacional distinto mediante su “Board of Peace” enfocado en paz y seguridad y asociado al posconflicto y la transición en Gaza. Su marco fue vinculado a la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad. Se lo puede criticar por paralelo; también se lo puede leer como síntoma: cuando la ONU no opera, otros llenan el vacío y establecen rumbos.
Muchos apuestan a que ese esquema fracase o sea un experimento pasajero. Pero ya opera y empieza a sumar miembros. En América Latina, la internacional progresista latinoamericana lo denuncia; Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, entiende que, si existe, conviene ser parte para incidir. En un mundo particularista, las coaliciones operacionales hacen política; las declamaciones inclusivas y los consensos amplios se evaporan.
La ONU tiene que saltar al futuro reforzando aquello que le dio sentido: evitar una catástrofe militar global.
Necesitamos una ONU que enfrente la bipolaridad inmediata y la multipolaridad que viene, y un secretario general que entienda el equilibrio de poder sin complejos. La organización puede estar agotada, pero sigue siendo referencia para sus miembros. Con competidores activos —del Board of Peace a los BRICS+—, su legitimidad dependerá de no esconderse en el statu quo. La ONU tiene que saltar al futuro reforzando aquello que le dio sentido: evitar una catástrofe militar global.