El presidente de Techint ha anunciado que evalúa la apertura de una investigación antidumping (AD). Dada la envergadura de esta empresa y las circunstancias que rodearon este anuncio, lo que usualmente debiera ser un trámite administrativo normal, ha llamado la atención de los medios y de la política.
Hace décadas que la industria acerera argentina tiene características oligopólicas/monopólicas, y en el pasado varias barreras AD y de otra índole han reforzado su poder económico. Esta nota llega a dos conclusiones: 1) bajo las actuales regulaciones AD le resultara más problemático a Techint que en el pasado, obtener su objetivo proteccionista y, 2) hasta el presente, los argumentos publicados en la prensa respecto a los efectos que sobre el empleo tendría una conclusión de no proteger esta industria son sesgados e incompletos.
Respecto a los aspectos técnicos, destaco en primer lugar que en una gran mayoría de países los regímenes y las regulaciones AD son estables y predecibles pero este no ha sido el caso de Argentina. En nuestro país estas regulaciones han variado según las preferencias respecto al grado de apertura o cerramiento económico de los gobiernos de turno.
A principios de los 90, Carlos Sánchez, entonces viceministro de Economía, me llamó para que juntos preparemos un proyecto de regulaciones AD liberal, aunque ajustado a las reglas multilaterales. Obviamente nuestro proyecto aperturista, no fue bienvenido por las industrias altamente protegidas incluyendo el acero.
Con el propósito de facilitarles a estas empresas obtener protección AD, la Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró un proyecto alternativo con claros sesgos proteccionistas que también elevo al Gobierno pero dada la filosofía económica de los 90, el mismo no prosperó.
Todo cambio a partir de la crisis de 2001 y durante más de dos décadas hasta la reforma de 2025 (Decreto 33/2025) el régimen AD permaneció altamente proteccionista. La siguiente tabla presenta algunas de las regulaciones (no todas) que identifican la filosofía económica de los tres principales regímenes AD que prevalecieron durante los últimos 30 años: i) el modelo de los 90; ii) el modelo K y, iii) el actual.
Algunas de las diferencias que determinan el impacto económico de una medida AD incluyen: i) su duración; ii) la posibilidad de renovar la medida; iii) la posibilidad de que a pesar de probarse la existencia de dumping, la medida puede ser denegada por motivos de interés público y, iv) el grado en que los interesados no directamente involucrados en la investigación incluyendo los consumidores del producto protegido, puedan participar en la investigación.
En todos estos casos, la legislación de 2025 es más liberal que las anteriores y esto es particularmente claro cuando se la compara con la que funciono durante la era K. Así por ejemplo, mientras la duración del arancel AD que prevaleció durante estas décadas era de cinco años renovables sin límites, en las actuales 2 regulaciones esta barrera dura tres años que puede ser renovada una sola vez por dos años.
También se destaca el hecho de que bajo la actual legislación tienen derecho a participar en la investigación las partes interesadas no directamente involucradas pero que pueden sufrir costos de implementarse una medida AD. Esto contrasta con el modelo kirchnerista donde solo participaban la industria demandante y el gobierno, lo cual habría oportunidades de abuso y corrupción.
Asimismo, bajo el nuevo régimen, la medida AD propuesta debe ser enviada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para asegurar que la misma no genere un monopolio, o fortalezca uno existente. Resumiendo, bajo el nuevo régimen AD, el Gobierno ha limitado las posibilidades de que las investigaciones AD concluyan con la aprobación de barreras AD y si concluyen positivamente la barrera durara un tiempo limitado.
Los medios también han reproducido estimaciones de impactos sobre el empleo basados en los efectos directos sobre la empresa e indirectos sobre los proveedores de insumos de esta industria para el caso de que la investigación no arroje evidencias a favor de un arancel AD. Esta métrica es incompleta y sesgada.
Es cierto que una barrera AD protegería el empleo en la empresa madre como también en la de sus proveedores pero simultáneamente los mayores precios del acero como resultado de la nueva barrera AD estarían destruyendo empleo en las industrias que usan productos de acero como insumos. Algunas estimaciones para Estados Unidos muestran resultados de interés.
En 2002 durante la presidencia de Bush hijo en Estados Unidos se elevó el arancel sobre las importaciones de acero y los efectos estimados de aquella medida concluyeron que la disminución de empleos en las industrias usuarias fue 33 veces mayor que la generación de empleos en la industria acerera protegida.
Nuevamente durante el primer mandato de Trump, se elevaron las barreras sobre estas importaciones y mientras la medida duro, los costos de las industrias usuarias de acero se elevaron en un monto equivalente a 2,4 veces los ingresos generados en la industria acerera. Otro trabajo sobre este mismo caso concluye que la pérdida de empleos en las industrias usuarias de acero fueron 5,4 veces mayor al número de empleos generados en la industria acerera por el arancel AD.
Resumiendo, si la industria acerera quiere argumentar correctamente los efectos sobre el empleo y los costos, entonces la métrica debe incluir los impactos sobre el universo de las industrias usuarias de insumos producidos por la industria acerera.
Durante décadas, el cuasi-monopolio de la industria acerera Argentina ha encarecido todo aquello que se produce con los insumos de acero producidos por esta industria. Se han encarecido sectores tales como: línea blanca, industria automotriz, herramientas, motores, maquinaria agrícola, etcétera. Muchas de estas industrias tendrían la posibilidad de ser más eficientes si pudieran comprar estos insumos a precios competitivos pero décadas de protección otorgada a la industria acerera por todos los gobiernos de la posguerra han impedido que Argentina tenga una industria más eficiente y de menores costos y precios. La protección a la industria acerera argentina ha sido anti-industrial.
El autor es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y ex Representante Económico y Comercial de Argentina en Estados Unidos