La clave para estabilizar los precios

Precio es la cantidad de pesos que se fija para adquirir un bien o servicio. Los disparadores de las alzas generalizadas y sostenidas son variados y se pueden agrupar en tres categorías primarias:

1. Aumentos de la demanda; del tipo de cambio; de impuestos; de costos laborales;

2. Cepos a las importaciones y otras restricciones de la producción; y

3. Emisión de pesos para financiar el déficit fiscal.

En tanto, avanza el concepto de que el aumento general de precios, pagando mayor cantidad de pesos por cada bien o servicio, es la contracara de la depreciación del dinero.

Una inesperada devaluación del peso puede encarecer costos y alzar los precios, pero ese efecto sólo proseguiría en el tiempo si las autoridades monetarias emiten dinero para atenuar el impacto de la suba del tipo de cambio sobre el ritmo de la actividad agregada.

De no expandir la cantidad de pesos, los mayores costos y precios, impulsados por la devaluación, contraerían los consumos, la demanda general de bienes y servicios, más que los ingresos, a fin de recuperar las tenencias de dinero, detectó el economista Miguel Sidrauski, egresado de la UBA y profesor ayudante del Premio Nobel Paul Samuelson en el Instituto de Tecnología de Massachusetts -EEUU- (MIT).

Por otra parte, el déficit fiscal puede despertar expectativas inflacionarias, pero sólo instiga el alza general de precios cuando es financiado con dinero emitido no demandado voluntariamente por los agentes económicos, estafando a la gente. Por el contrario, no impacta en la inflación cuando el exceso de gasto público es atendido, como manda la Constitución, con impuestos y créditos voluntarios. EEUU y la mayoría de las naciones de buen crédito reciben fondos genuinos y exhiben déficit fiscales sin alterar significativamente los niveles de precios.

A medida que la inflación se agudiza, el peso pierde sus funciones de reserva de valor y de unidad de cuenta, de medición de valores económicos. De ahí que, para esa función, se lo sustituya por otros activos.

En la Argentina, son alternativas al uso del peso el dólar, inmuebles, automotores, desbalanceando la asignación de capitales. El acelerado ritmo inflacionario resulta en que el peso apenas sirve de medio de intercambio cada vez más impreciso -no se está seguro de cuáles son los valores corrientes de las cosas-, entorpeciendo la eficiencia en la coordinación de las actividades.

En este tiempo conflictivo, la Reserva Federal de los EEUU (Fed) y otros bancos centrales del mundo bien reputados ponen a prueba sus responsabilidades respecto del valor del signo monetario. Confirman las ventajas de desarrollar instituciones especializadas en esta tarea decisiva.

En efecto, ante el desafío de desacelerar la inflación emerge el conflicto entre la estabilidad monetaria y de la actividad económica. Enfrentados a la disyuntiva, los gobernantes menos interesados en el largo plazo prefieren posponer costos inmediatos y no “enfriar” la economía, explica Frederick Mishkin, profesor distinguido de la Escuela de Negocios de Universidad de Columbia y antiguo director de la Fed.

Luego de sucesivos intentos insuficientes, el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker optó por la estabilidad monetaria del dólar y alzó la tasa de interés de referencia hasta niveles cercanos al 20% anual, en 1981, y dejó un legado de 4 décadas de estabilidad de precios. El costo de no matar la inflación lo pagan las pérdidas de empleos productivos e ingresos de las sucesivas generaciones.

Antecedentes de baja inflación en la Argentina

Si bien muchos especialistas encuentran razones para una moneda propia, independiente, la realidad es que la única experiencia con larga estabilidad de precios en la Argentina fue el período de la Convertibilidad fija entre el peso y el dólar, 1991-2001, junto con la Dolarización, el mecanismo que asegura el equilibrio permanente entre la demanda y oferta monetaria. Mi querido profesor Milton Friedman, en la Universidad de Chicago, insistía lo óptimo es enemigo de lo bueno.

La inflación, las incoherencias de los gobiernos, y la incertidumbre de las normas corrompen y desconectan a los argentinos de una estructura institucional consistente, el entorno que debiera contenerlos. Quedan desprotegidos y vulnerables.

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