En los dos últimos meses se han registrado preocupantes hallazgos de armamento militar en distintas zonas de nuestro país.
Promediando junio se descubrió, en la localidad de Caseros, en el marco de una denuncia por violencia de género, un cohete calibre 89 milímetros “BR 65-GS”, de 1,91 metros de largo. A mediados de julio y en la localidad de Los Hornos, fue hallado el misil que había sido robado bajo la gestión de Agustín Rossi al frente del Ministerio de Defensa durante el anterior gobierno kirchnerista. Hace pocos días, en el ingreso al Club Pucará de la Fuerza Aérea Argentina en Ezeiza se encontró una importante cantidad de municiones antitanque, morteros y granadas con sus cargas activas, la mayor parte de ellas de fabricación nacional.
La situación es muy preocupante ya que, luego de este último hallazgo en Ezeiza, las FF.AA. declararon tener sus arsenales completos, sin registrarse ningún faltante en sus cuarteles. Por otra parte, salvo las auditorías realizadas por la gestión de Juntos por el Cambio, que relevaron faltantes de munición en los arsenales de Fray Luis Beltrán, no hubo en los últimos dos años denuncia previa por parte de los responsables de este armamento. Tampoco se denunciaron inconsistencias de inventario dentro de la operación cotidiana de Fabricaciones Militares (FM), organismo encargado de fabricar la munición de guerra y destruir la vencida y de donde al parecer provendría el armamento descubierto en Ezeiza.
El control de los arsenales y la maquinaria de guerra de las 3 fuerzas es de exclusiva responsabilidad de cada una de ellas, pero el Estado Mayor Conjunto es quien comanda a todas y las mismas deben ser conducidas por el Presidente de la Nación, según ordena la Constitución, en su artículo 99.
En las auditorías efectuadas en 2016, se detectó un sistema discrecional y obstructivo que impedía el control del material bélico sensible, efectuado en base a registros precarios. Los mismos permitían el movimiento de explosivos entre las distintas dependencias militares por medio de remitos duplicados, sin asiento contable para su seguimiento, diferencias detectadas en los inventarios de municiones, pólvora, fulminantes, como también en los de su destrucción respecto de los registros contables oficiales.
Las medidas de control y seguridad tomadas desde el año 2016 en adelante, como auditorías cruzadas e interjurisdiccionales, las denuncias realizadas ante los juzgados federales competentes, los allanamientos ordenados por la Justicia previendo que el material de guerra fuera puesto en orden y en los lugares determinados para su custodia y protección de la sociedad impidieron que esas armas terminaran en manos de bandas mafiosas dentro del circuito ilegal.
Lamentablemente, la historia se repite y el relajamiento del control oficial sumado al estado de parálisis general de la administración nacional, nos pone frente a descubrimientos de armamento, que ahora se extienden desde Santa Fe hasta el oeste del conurbano. Esta desprotección evidente del arsenal nacional, pone en juego mucho más que el férreo control que el Estado debe tener sobre el monopolio del material bélico, pone en juego la seguridad de la población, ya que esa munición suele terminar en el circuito marginal del crimen organizado, agravando la angustiante situación de ciudades como Rosario, donde el narcotráfico avanzó a niveles insospechados luego del retiro de las políticas coordinadas entre las fuerzas de seguridad por la ex ministra Patricia Bullrich.
Por todo esto, es necesario exigir a las máximas autoridades que se retomen las tareas de control exhaustivo sobre la fabricación, circulación, guarda, uso y destrucción del armamento de las FF.AA., que desplegamos en su oportunidad. En tiempos de convulsión social, cualquier descuido sobre este tipo de municiones y detonantes podría generar consecuencias gravísimas sobre la paz interior y la seguridad de todos los ciudadanos.
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