El aislamiento internacional de la Federación de Rusia es cada día mayor y el rechazo a la medida cautelar dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) agrega un nuevo incumplimiento del Kremlin al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. La CIJ consideró que los derechos que, según Ucrania, violó Rusia son plausibles. Con 13 votos a favor y solo 2 en contra (del juez ruso Kirill Gevorgian y del chino Xue Hanqin), el máximo tribunal internacional exige al Kremlin, en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, detener y suspender de forma inmediata la ofensiva militar contra Ucrania por la falsedad de las justificaciones rusas para iniciar la invasión.
La medida cautelar es una primera victoria judicial para Ucrania. El fallo de la CIJ se basa en el artículo IX de la Convención de Genocidio de 1948, según la cual la Corte es la encargada de resolver las controversias entre las partes contratantes relativo a la interpretación, aplicación o cumplimiento del instrumento. En este marco, las medidas cautelares se deberían aplicar con celeridad y hasta que la Corte analice si el Kremlin ha malinterpretado la Convención contra el Genocidio. Sin embargo, en lo inmediato el verdadero desafío será la ejecución de la medida cautelar, ya que Rusia la ha rechazado y se niega a cesar la invasión a Ucrania. Frente a esta circunstancia la ONU insta a Rusia a acatar lo dispuesto por la CIJ conforme al artículo 94 de la carta de las Naciones Unidas, que obliga al cumplimiento de las decisiones de la Corte.
Si bien los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, definitivos e inapelables, el alto tribunal per sé carece de medios propios para hacer cumplir la sentencia. Ucrania podría pedir al Consejo de Seguridad de ONU (cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio) la adopción de medidas contra Rusia por incumplimiento de la sentencia de la CIJ, pero como Miembro Permanente la Federación de Rusia tiene la capacidad de vetar cualquier decisión en su contra, como ya lo hizo en una sesión del Consejo de Seguridad. El veto es sinónimo de impunidad a escala internacional.
La no comparecencia de Rusia al procedimiento contencioso, no afecta el curso del juicio. La rebeldía de Rusia es similar a la de Estados Unidos en el marco de la demanda presentada por Nicaragua en su contra, en 1984. Las acciones militares y paramilitares contra Nicaragua fueron condenadas de manera contundente por la CIJ. No obstante, la Corte nunca logró que Estados Unidos asumiera la indemnización correspondiente. Lo mismo podría ocurrir con Ucrania que ha planteado que Rusia se haga cargo de los daños que incurrió en el marco de la guerra.
Otra derrota diplomática de la Federación de Rusia tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se aprobó (solo dos votos en contra, Rusia y Eritrea) un mecanismo de investigación sobre las graves violaciones al derecho internacional humanitario cometido por las fuerzas rusas desde el 24 de febrero. También la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga individuos acusados de cometer atrocidades, abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Es ponderable el esfuerzo diplomático ucraniano de utilizar las opciones legales y los marcos institucionales multilaterales que ofrece el derecho internacional público. La actitud de la Federación de Rusia es tan criticable que un jurista histórico de los intereses rusos en la CIJ, el abogado francés Alain Pellet, señaló que le resultaba imposible defender a Vladimir Putin, que cínicamente desprecia al derecho internacional.
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