Argentina está en emergencia política, económica, sanitaria y cívica.
Mientras operan quienes nos pueden hacer salir (ciudadanía incluida), cabe reflexionar.
La seguridad jurídica de un país necesita -tal como lo aprendimos los argentinos en diciembre de 2001- que el conjunto de normas que la integran tengan un anclaje en la estabilidad política (en un horizonte político cierto).
En otras palabras, de nada sirve presumir de que un país tiene seguridad jurídica si los inversores no ven claro el futuro político en el que han de invertir o mantener sus inversiones.
Los tiempos de Macri
En sus discursos por el mundo buscando nuevos inversores el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, hablaba -con mucha ilusión- de un cambio de ciclo y de modelo. No era, según los especialistas y él mismo, un cambio fácil teniendo en cuenta la insinceridad del modelo económico que le tocó recibir cargado de vicios y anomalías.
En esos años yo pensaba que era crucial el apoyo político de los radicales y de los peronistas. Sin esa confluencia de fuerzas políticas -y la de otras que vayan en la misma línea- la estabilidad política, base de la seguridad jurídica que se estaba construyendo, no habría de consolidarse.
Por todo ello, las elecciones legislativas de octubre de 2017 parecían resultar claves para la historia argentina. Macri las ganó y eso hizo pensar que la confianza de los inversores podría renacer.
Pero no. Todos conocemos lo que sucedió después. La confianza de los inversores no llegó a consolidarse. Y el resultado de las PASO, celebradas el 27 de octubre de 2019, terminó de erosionar la que quedaba.
La actualidad. El Presidente Fernández
Ahora casi no se habla en los ambientes económicos y políticos de seguridad jurídica. La enorme crisis sanitaria generada a escala global por el COVID-19 ha desviado la atención, al menos de manera transitoria, de los analistas.
Sin embargo, hace unos días, el 14 de octubre, el Presidente de la Nación Alberto Fernández dijo a los empresarios en el 56º Coloquio de Idea: “La seguridad jurídica que ustedes reclaman exige tener jueces probos, dar concurso de oposición, de antecedentes y pasar por el Senado” (en su intervención titulada Qué país queremos ser). Cualquier observador de la realidad argentina sabe a qué se refería.
En coautoría con Pablo J. Piccoli, ya me pronuncié públicamente sobre los aspectos jurídicos del asunto que el Presidente trajo a colación. No es mi intención reiterarme. Solo he de decir que coincido con el Presidente en que el país necesita jueces probos y pienso también, como él, que su generalizada existencia está vinculada con la seguridad jurídica de un país.
Sin embargo, junto a la coincidencia aflora mi disidencia con su manera de gestionar el asunto. Pero creo que ese punto es solo una cara, no menor, de un problema cuya resolución al día de hoy desconocemos. Será clave lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Cuándo podremos hablar de seguridad jurídica en la Argentina?
En estos casi 20 años que pasaron de la crisis de 2001 he pensado y he escrito que la seguridad jurídica no es un problema solo jurídico, siendo -en lo esencial- político y económico.
En mi camino de tribulaciones (con juristas, políticos y economistas), hace unos meses le pregunté al abogado Juan E. Cambiaso, muy bien conocido en los ambientes empresariales, si creía que nuestros gobernantes entienden el concepto de que solo con seguridad jurídica habrá nuevas inversiones. Me respondió que sí: "Pero no les importa mucho, y se la llevan por delante cuando necesitan hacerlo. Para contrarrestarlo está el poder judicial. Tampoco les importa mucho a los inversores como prueba China hoy, el Chile de Pinochet y Argentina durante los múltiples gobiernos militares instaurados por golpes de estado más o menos cruentos”. Y agregó una recomendación para Alberto Fernández (a mi pedido): es importante “que la tenga en cuenta y la respete (la seguridad jurídica) porque le va a convenir, va a ser una ayuda”. (entrevista publicada en la página de la Universidad Torcuato Di Tella y en mi Blog).
La construcción de una Argentina segura para los inversores es urgente e imprescindible para poder salir de la crisis económica actual, profundizada por el COVID-19. Pero nada bueno habrá de suceder si no es reconocido y respetado el valor de la iniciativa privada, si no se respeta la propiedad privada, si no se respeta la libertad de prensa, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Alguien dirá: eso es obvio. No lo es para muchos. Basta preguntar la percepción de los empresarios. No hay dos Argentinas.
*El autor es jurista experto en Derecho Administrativo