A principios de agosto el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricense del mismo nombre.
La aprobación unánime permitió que el texto fuera girado a la Cámara de Diputados para su debate. Ahora, necesitamos que la Cámara baja apruebe el Tratado para poder avanzar hacia su ratificación.
Si bien Escazú cuenta con la firma de 22 países latinoamericanos, es necesario que 11 de ellos lo ratifiquen para que entre en vigencia. Si Argentina lo aprueba serán 10 los países que ratificaron el acuerdo junto con Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
La importancia de Escazú reside en ser el primer acuerdo regional a nivel mundial que establece garantías sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Además, constituye un instrumento legal sin precedentes que reúne los derechos ambientales y los derechos humanos.
El texto original fue elaborado por Argentina y otros países en marzo de 2018 y en septiembre de ese año, con el impulso de los funcionarios argentinos junto a sus pares regionales, se abrió a la firma durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
La ratificación del Acuerdo es indispensable para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
De este modo, los argentinos podremos acceder a toda la información ambiental necesaria, en forma sencilla y transparente, para poder formamos una opinión personal, y poder expresarla; ser consultados en relación a las cuestiones ambientales y contar con el pleno acceso a la justicia en relación a estas mismas cuestiones, en particular en caso de sufrir persecución por actuar en su defensa.
Legislar en favor del ambiente y de sus defensores es la mejor manera de construir un país confiable, libre y constructivo, en el que todos tengamos voz y voto para decidir acerca de los temas que son centrales en nuestra vida cotidiana.
Hoy los mayores defensores del ambiente son los jóvenes y no es casual: en sus reclamos, en su mirada reside la esperanza en el futuro, son ellos los que deben ser protegidos y acompañados por aquellos que tenemos la posibilidad de crear políticas públicas.
La aprobación por parte de los diputados y la posterior ratificación del Acuerdo de Escazú es otra manera de trabajar en favor del futuro y de garantizar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, que asegura que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El autor es secretario de Ambiente de la Ciudad.