A pesar de que la mayoría de los países han desarrollado estrategias legislativas tendientes a adaptar sus instituciones societarias, concursales, fiscales y contractuales a la coyuntura de extremo stress financiero que soportan sus economías, nuestro país, a pesar de existir una importante cantidad de propuestas en este sentido, aún no ha tomado ninguna medida al respecto. Por el momento, la actividad se ha centrado en ciertos alivios fiscales y ayudas financieras. Se habla de algún paquete de medidas y en los últimos días se ha empezado a difundir la idea de un “Plan Marshall” para la Argentina. ¿Pero qué significa esto? Acaso algunos sólo asocien el nombre de Marshall a ciertas figuras de los westerns (algo así como una autoridad armada en territorios del salvaje oeste, donde los brazos de la ley aún no se consolidaban) o acaso una marca de electrodomésticos.
George Marshall fue un militar norteamericano que en 1945, en la posguerra de la segunda Guerra Mundial, ocupó el asiento del Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, en ese momento bajo la presidencia del Harry Truman. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras, aniquilando una gran parte de la población europea, sus recursos naturales, sus estructuras industriales y de servicios y toda su red logística, sus instituciones políticas, económicas y monetarias. Su moral ciudadana. Europa debía ser refundada desde sus cimientos.
La experiencia, la política, e incluso la filosofía (Kant), puestas de frente a la tragedia, entendieron la que escasez, el hambre y la pobreza eran situaciones generadoras de conflicto. Y que debían ser evitadas.
Allí donde había dos hambres y un solo plato de comida, la guerra era un hecho. O se duplicaba el plato o se generaban los mecanismos para repartirlo. George Schumann y Jean Monet dotaron, entonces, de sentido político al proyecto de la Unión Europea a través de una serie de acuerdos en los cuales los países individuales resignaron parte de su poder (y su soberanía) en aras a una política común que les permitiera gestionar la escasez y promover la abundancia a través de mecanismos de cooperación.
Ese es el origen de la Europa Unida, que, más allá de sus dificultades actuales, (que las tiene y muchas), ha asegurado una Zona de Paz, por más de 80 años (ése es justamente una de las razones de sus problemas….la percepción generalizada de que ese espacio ofrece un estado de paz- y la prosperidad y la libertad y la posibilidad de imaginar un proyecto personal o familiar que conlleva- que Africa, Asia, los países árabes y Latinoamérica, no garantizan). Pero una parte de los recursos para ello, fueron provistos por el Plan que se gestara en la secretaría de Estado que ocupaba Marshall. EEUU tenía sus razones y la mayor parte de ellas se centraban en el interés de evitar que la extrema pobreza facilitara la instalación del comunismo en Europa.
La propuesta del European Recovery Program (ése fue su nombre oficial) incluía inicialmente a toda Europa. Tanto así que la URSS concurrió a las Conferencia de París, de 1947, a través de la presencia de Viacheslav Molotov, segundo secretario del partido liderado por Stalin.
Las condiciones establecidas por el Plan, que incluían la preferencia de participación de empresas estadounidenses el proyecto de reconstrucción y el aseguramiento de ciertas condiciones políticas (la consolidación de la democracia, la conformación de un espacio común, etc.), provocaron que la URSS declinara participar, y con ella, toda Europa del Este, que a partir del Pacto de Varsovia en 1955 formarían su propio bloque (el COMECON).
Pero lo que interesa aquí destacar es que este plan contó con una inyección de fondos provisto por fuera del las economías europeas, ya exhaustas. Si bien se discute la relevancia auténtica del plan en la recuperación de Europa, su nombre quedó para siempre asociado a los rescates financieros a gran escala.
¿Un plan? O quizás más de uno.
La situación de pandemia generalizada ha tenido como tratamiento preferente preventivo la cuarentena o el aislamiento (a partir del lunes “distanciamiento”) provisional obligatorio. La consecuencia natural del confinamiento de personas es el congelamiento de las transacciones comerciales y como consecuencia de ello la paralización de la economía. Transversalmente la pandemia y su tratamiento preferente, la cuarentena, ha impactado la microeconomía con una profundidad tal, que la paralización de sus actividades los ha puesto en situación de insolvencia. Y la generalización de esta situación es tan amplia que comprende tanto a la pequeña y mediana empresa, al consumidor individual, a la familia insolvente, a la gran empresa, al Estado nacional, provincial y municipal, sin distinción.
La generalización implica una situación paradojal: lo que en condiciones normales es la excepción, que es el tratamiento diferenciado de la patología de la cesación de pagos para evitar la quiebra de un deudor, se convierte en la situación generalizada de la enorme mayoría de los agentes económicos de una sociedad. Es por ello que resulta imprescindible la adopción de medidas audaces, superadoras y eficaces de ampliación, flexibilización y adaptación de las normativas fiscales, laborales, societarias, concursales.
Pero si la crisis es tan abarcativa, también es posible imaginar una solución diferente, adicional a la renegociación de las deudas privadas. Estas podrán ser reestructuradas, pero si no se logra encender el sistema, solo será solución de una larga languidez, de una lenta agonía hacia la extinción de la mayoría de los insolventes. Por ello se propone otra alternativa, de carácter generalizado, que implique una inyección importante de fondos líquidos a la economía, por vía de un Plan à la Marshall.
Esto tiene alguna justificación: a diferencia de lo que pasó en las guerras mundiales, la estructura, es decir el esqueleto productivo de las sociedades, se encuentra intacto. Las empresas, los establecimientos, los inmuebles, las maquinarias, las materias primas, y fundamentalmente, los recursos humanos, a pesar de la pandemia, se encuentran disponibles. Quizás sea éste, el efecto más relevante de la cuarentena: el haber asegurado la salud de la población, los valiosísimos recursos humanos, en proporción tal que pudiera afectar la recuperación económica de la vida social económica y política de un país.
Aprovechando este resultado, lo vital es inyectar de manera veloz y eficiente el combustible necesario para hacer funcionar el sistema congelado: ponerlo en marcha. Encender la fábrica. Impulsar la maquinaria. Lo que hace falta es, entonces, dinero. Tanto Europa como los Estados Unidos han reaccionado a esta coyuntura aplicando los principios que resultan de la educación recibida por ambos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, evitar la escasez. Allí donde hay escasez, es necesario arbitrar, poner dinero, repartir proporcionalmente lo que hay, para evitar el conflicto donde sólo triunfa la fuerza o la violencia. Una solución de justicia distributiva, mientras los agentes económicos se reorganizan, y lograr, de esa manera, reactivar los procesos productivos para solucionar la escasez y promover la abundancia. Europa lo ha hecho mediante la inyección de importantes sumas de dinero y ayudas directas e indirectas, desde el Banco Central Europeo y mecanismos asociados. Lo propio ha decidido hacer los Estados Unidos, a través de su Reserva Federal.
Pero, a diferencia de ellos, la Argentina, no cuenta con esos recursos. La asistencia externa, el endeudamiento a nivel de mercados, hace rato que nos es ajeno. Los prestamistas de última instancia, ya han jugado todas sus fichas con nosotros y aún mantenemos tensos y rumbosos coloquios y negociaciones para encontrar una salida, estrecha, lenta y comprometida, al laberinto de la economía argentina y particularmente de sus condiciones de liquidez. La emisión de moneda parece tener un límite al cual ya estaríamos expuestos.
¿Dónde está Marshall?
Se estima que hay USD 130.000 millones en los colchones, cajas de seguridad y depósitos bancarios de ciudadanos argentinos y otros USD 100.000 millones en tenencias fuera del país que llevan al total de unos USD 230.000 millones.
¿Cómo sumarlos al plan? Los ciudadanos que han decidido colocar este dinero fuera del sistema económico, al amparo de otras leyes y otros bancos y otros sistemas económicos, distintos del país, lo han hecho por algo. Es que su propio Estado no les ha proporcionado, hasta ahora, a sus ahorros, las condiciones de seguridad que esperan. El plan imaginado propondrá una serie de bonos para canalizar la inversión, que deberían ser los vehículos a través de los cuales se monetizara la economía agonizante. Sin embargo, el desafío es bastante más áspero que una simple ecuación financiera o una tasa provocativa.
Allá por 1979, mi profesor de Economía Política, el doctor Emilio Cárdenas, prestigioso abogado, luego embajador Argentino ante las Naciones Unidas, nos enseñaba que el gran drama de la Argentina era la seguridad jurídica. “Este país”, nos decía, “es uno de los pocos los cuales usted el día lunes instala una gomería y el día siguiente la municipalidad declara la calle peatonal”. Esta conversación tuvo lugar hace ya 40 años y las cosas no parecen haber cambiado.
Quienes han atesorado sus ahorros en sus cajas, en sus colchones o en el exterior, es porque nuestro país, bajo la bandera peronista, militar, radicales, o liberal, no les ha dado ninguna confianza. Parece no tratarse de la ideología, sino de la realidad de los hechos que esos políticos y dirigentes han protagonizado en nuestro país. Es muy arriesgado aventurar que esa percepción pueda mutar en el corto plazo. Deben proponerse maneras de incentivar ese cambio de mentalidad: que el eventual inversor debería tener control absoluto de su inversión (en qué se aplica y cómo; cuándo entre y cuándo sale. La “golondrina” debe saber que puede ir y venir cuando quiere, pero debe querer quedarse) y una garantía colateral real en bienes transables sobre los cuales tuviera poder de administración y disposición: por ejemplo, acciones de una sociedad del estado y representación en las mismas.
Convertir las sociedades del Estado en empresas públicas y no estatales, que no es lo mismo. Empezar a distinguir, de manera más clara y definitiva una separación entre el Estado (que nos pertenece a todos ) y Gobierno, que viene y va. Hacer al ciudadano socio de los intereses del Estado y no sólo al estado socio de los intereses de los ciudadanos. Esto implica un cambio de cultura. Un cambio de paradigma. Otro más, que por otro lado, debería estar dotado de un respaldo político que hoy aparece muy difícil de obtener. Paradojalmente, pareciera que, en caso de necesitar recursos para hacer pie en la emergencia y poner en marcha los motores de la nave, Marshall, es argentino.