Los radicales teníamos razón. El plan económico del Gobierno estaba destinado a fracasar

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En poco tiempo, se va a cumplir un año de la Declaración de la Comisión de Economía de la Convención Nacional, acompañada por la firma del propio Jorge Sappia, presidente de la HCN de la UCR, oponiéndonos al stand by con el FMI. En efecto, el 11 de mayo de 2018, decíamos que, a partir de esa decisión errónea, "existe un riesgo cierto de recesión, y con ella, la caída del consumo, la parálisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo y de empleo". Y finalizábamos exigiendo: "Una convocatoria a todos los sectores involucrados, a un amplio acuerdo político, económico y social, para lograr objetivos de convergencia que faciliten políticas de Estado, capaces de otorgarle contenido a la necesaria gobernabilidad y consolidación institucional del país".

No se nos hizo caso entonces ni tampoco hace 2 meses, cuando, con motivo de la visita a nuestro país de la misión del FMI, el 20 de febrero, 2019, con mi firma, desde la misma comisión finalizábamos diciendo: "Todo indica que, sin un verdadero plan económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento y las exportaciones genuinas, va a ser muy difícil mantener el clima socioeconómico bajo control". Y que, ante el sobrecumplimiento de los compromisos: "Habrá que ver cómo hace el equipo económico para balancear su obsesión por las metas del programa, con la realidad de una recesión profunda que no va a aflojar, con su secuela de aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza de los sectores más desposeídos".

Desde entonces, todos los indicadores económicos y sociales siguieron agravándose, mientras, en paralelo, comenzaba a desarrollarse el cronograma del año electoral con las conocidas derrotas gubernamentales en La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro y Entre Ríos, que se suman a las previsiones que hay para otras provincias, en especial Santa Fe y Córdoba. Y empezaron a aparecer las encuestas y los famosos focus group, encendiendo las luces rojas en los despachos oficiales.

Mientras, tozudamente, se insistía en afirmar que era "el único camino", y que se seguía "haciendo lo que hay que hacer", o eslóganes parecidos que, día a día, quedaban aplastados por una realidad social cada vez más agobiante. Es entonces cuando se decide dar "un volantazo" que mejore las chances electorales absolutamente adversas. Y todos los gobernadores trasmiten las inquietudes de sus distritos al respecto: provincia de Buenos Aires, CABA, Jujuy, Mendoza, Corrientes.

Algunos medios empezaron a hablar del "programa radical", las sugerencias que llevaban los gobernadores. Debo aclarar, como coordinador de la Comisión de Economía del Instituto Radical de Políticas Públicas de la Convención Nacional de la UCR, que no hemos tenido participación alguna, por lo que, a lo sumo, lo presentado debe ser visto como las propuestas de los gobernadores radicales, pero no de la UCR institucionalmente.

Lo que se ha conocido, tarde y mal, tiene todos los condimentos para ser considerado como un plan de maquillaje electoral que, por supuesto, no resuelve los problemas de fondo, ni modifica la situación de los que padecen la recesión, la pobreza y el desempleo. Bien se ha hecho eje en el "alivio" que podría traer a determinados sectores, en las pymes, la eliminación de retenciones a las que son exportadoras, y las facilidades para afrontar las obligaciones con AFIP, con tasas subsidiadas (tema que fuera incluido en el petitorio de la Marcha al Congreso que hicimos bajo el lema #NiUnaPyMEmenos, hace pocos días, cuando lleváramos un proyecto de ley de salvataje a micro, pequeñas y medianas empresas), pero que, al no avizorarse mejora del mercado interno, y mucho menos salida de la bruta recesión que padecen, suenan como "aspirinas para un canceroso".

En lo que hace a los 64 productos con precios congelados por acuerdo con 16 empresas líderes, surgen dudas sobre el impacto real en la percepción de la población en función de lo insuficiente que resultan las 25 mil bocas de expendio, por un lado, y en la capacidad de control que tiene el Gobierno para controlar el cumplimiento de los precios. Mucho más efectivo habría sido el anuncio de la aprobación de una ley de góndolas (sospechosamente cajoneada), que terminara con la cartelización distorsionante de precios que, inclusive, podrían estar por debajo de los acordados que, de por sí, ya han sufrido remarcaciones "preventivas" antes de entrar en vigencia los acuerdos de congelamiento.

En relación con la carne, el monto se considera ínfimo (un 0,23% del consumo del consumo total). Lo que más alivio debe generar es la promesa de no aumentar las tarifas de los servicios, transporte, telefonía celular y peajes, hasta fin de año.

Las gremiales comerciales han hecho conocer su moderada satisfacción en la perspectiva entendible de que esto es preferible a nada. Pero campea un gusto a insuficiente que no se puede disimular.

Daría para seguir analizando en detalle el resto de las medidas y su probable impacto, pero me parece que, en cambio, conviene dejar en claro que el verdadero "alivio", la búsqueda de soluciones esperanzadas, solo puede provenir de un giro de 180% en la orientación de nuestra economía, lo que solo puede lograrse si somos capaces de salir del fracaso del presente, no volver al fracaso del pasado, y construir una alternativa progresista y mayoritaria que esté en condiciones de convocar a un acuerdo político económico y social que elabore políticas de Estado, a largo plazo, con la mira puesta en el desarrollo, el crecimiento y la búsqueda de una equidad social cada vez más necesaria.

El autor es coordinador de la Comisión de Economía de la Honorable Convención Nacional de la UCR.