Por qué la nueva ley de inversiones extranjeras de China es un triunfo de Trump

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El Congreso Nacional de China aprobó por 2929 a 8 votos una nueva ley de inversiones externas que reemplazará las leyes sancionadas durante el período de apertura en los años ochenta. La ley entrará en vigencia el año próximo. El proyecto fue presentado en 2015 pero no pudo ser aprobado por las objeciones de algunos miembros y la inclusión de modificaciones. En esta oportunidad tuvo un trámite de tres meses considerado expreso para este tipo de legislación. La aprobación de la nueva legislación coincide con las negociaciones con Estados Unidos, que reclama mayor seguridad, confidencialidad y libertad para las inversiones.

Las empresas extranjeras no estarán obligadas a transferir tecnología a las nacionales y los empleados locales no podrán divulgar información considerada sensible a la cual tuvieron acceso durante el cumplimiento de sus tareas. Los Estados Unidos pusieron especial énfasis en este aspecto de la política china por considerarlo violatoria de los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y porque en la práctica permitió que las empresas chinas pudieran competir con ventajas contra las empresas norteamericanas. Las empresas extranjeras también tendrán acceso al mercado de las compras gubernamentales de productos y servicios.

Las inversiones externas constituyeron la piedra angular del programa iniciado por Deng Xiaoping en 1978 para modernizar la economía china. Se estima que China tiene en la actualidad 960 mil empresas extranjeras y que las inversiones externas acumuladas hasta fines del 2017 ascienden a 1.490.000 millones de dólares. El proceso de apertura y la política de promoción alentaron el ingreso de inversiones externas dirigidas en un principio al aumento de las exportaciones. En esta etapa las empresas multinacionales priorizan la presencia en un mercado interno en continua expansión.

El Banco Mundial colocó a China en el lugar 46 en materia de facilidades para invertir, en comparación con el puesto 78 en 2017 por las reformas introducidas para facilitar el establecimiento, mejorar el sistema de importación y el funcionamiento de un sistema en línea para regular las inversiones extranjeras directas (IED).

La ley de inversiones externas excluye a Hong-Kong, Macao y Taiwán, cuyas inversiones no son consideradas extranjeras pero se les aplica un tratamiento similar a través de normativa especial. En 2017, Hong Kong participó con el 72% del total de inversiones de 136.320 millones, seguido por Singapur (3,6%), Islas Vírgenes (3,0%) y Corea del Sur (2,8%). Los principales sectores de inversión fueron el manufacturero, 25,5%; informática, servicios de computación y programación, 15,9%; inmobiliario, 12,8%; y servicios de negocios, 12,7 por ciento. En los primeros 10 meses de 2018 las inversiones fueron 107.660 millones.

Las exigencias del gobierno de Trump están acelerando las reformas para impulsar el consumo interno como fuente de crecimiento y disminuir la dependencia de las exportaciones. Estas demandas coinciden con las necesidades de China, muchas veces expresadas y lentamente aplicadas, de aumentar la productividad, la eficiencia de las inversiones y la transparencia de sus políticas. Estados Unidos exige también la implementación de un mecanismo para supervisar los compromisos que será muy difícil de consensuar, por la intromisión en temas sensibles de la administración gubernamental.

La política de inversiones externas de China repercute más allá de su territorio, porque ejerce una fuerte atracción para las empresas multinacionales, seducidas por los costos, la estabilidad y el tamaño del mercado, aunque el expansionismo chino también ha generado fuertes críticas y sospechas de numerosos países y bloques, como puede comprobarse con el caso Huawei. Si China fue el primer receptor de inversiones con una legislación dudosa, la nueva ley generaría condiciones aún más favorables. Los países latinoamericanos no están ajenos a este direccionamiento de las inversiones que podría agravarse si hubiera un acuerdo definitivo con los Estados Unidos.

El autor es diplomático y analista internacional.