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Un sistema que privilegia solo al capital financiero y aumenta la pobreza en la niñez

Julio Piumato

Recientemente se conoció que el 48% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de nuestro país sufren carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua y hábitat seguros. El dato surge de la medición de pobreza no monetaria calculada por Unicef, con base en la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el Gobierno Nacional. La situación es aún más alarmante en el Gran Buenos Aires, donde el 58,5% de los NNyA sufre privaciones, ya que allí se concentra un tercio de la población total.

Al igual que el informe "nos preocupan los valores que está mostrando la pobreza, que sigue teniendo rostro de niñez". Detalla además: "Vivir en la pobreza durante las primeras etapas de la vida significa no asistir a la escuela o hacerlo con retraso, no tener vestimenta digna y estar privado del acceso al agua potable, a la electricidad, vivir en espacios inseguros y en condiciones de hacinamiento. Estas realidades tienen consecuencias negativas, al igual que la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente generación y comprometen el presente y futuro de las niñas y los niños que la viven, así como el desarrollo económico y bienestar social del país".

Una vez más queda reflejada la insensibilidad del Ejecutivo, que solo se muestra dispuesto cuando se trata de servir a los gobiernos extranjeros (G20), los grupos financieros y a las exigencias del FMI. Otra vez, el pueblo argentino, la gente de a pie, los que menos tienen, y en especial los que debieran ser los únicos privilegiados, deben soportar los efectos de la política económica del Gobierno.

El ajuste lo deben pagar quienes más tienen, quienes especulan en la ruleta financiera, quienes contratan trabajadores en negro, quienes evaden impuestos y quienes giran sus ganancias a paraísos fiscales. El ajuste lo deben pagar quienes se enriquecen y se enriquecieron con la riqueza que genera el pueblo argentino.

Venimos advirtiendo que las metas de ajuste, definidas en el presupuesto nacional, que responde a los lineamientos del FMI, ponen en riesgo la salud y la vida de nuestros pibes, y comprometen la paz social de nuestro país.

Resulta escandaloso que, en medio del fuerte deterioro social, la única respuesta de los funcionarios sea vanagloriarse de que "nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno".

Decíamos en enero de este año en Mar del Plata que era "imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan solo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés nacional", que solo "sigue favoreciendo a los sectores concentrados de la economía y castiga a los más amplios sectores alcanzados por la seguridad social, tal el caso de los compañeros jubilados y pensionados a quienes se les ha disminuido el ingreso".

Hoy reafirmamos que no hay país viable si no hay una respuesta inmediata frente a la pobreza y el constante deterioro de las condiciones de vida de la niñez pobre, porque es en ellos y por ellos donde se pone en juego el destino de la patria.

El autor es secretario de Derechos Humanos, CGT RA.

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