Unidos por el espanto, no por el amor a la patria ni ninguna otra cosa que no sean sus canonjías, los políticos han logrado finalmente llegar a un pacto unánime para resolver la crisis: cobrar más impuestos. Era fácil suponer este resultado. El peronismo no puede abandonar su populismo de base, porque está en su esencia, no es ni siquiera una ideología, es su savia vital y su ADN. Ni puede resignar su apego al estatismo, corazón del viejo fascismo que le dio origen, y que le permitió crear lazos indisolubles con el contubernio empresarial y con su brazo sindical.

El Gobierno tampoco podía cambiar, pese al nombre de su alianza. Primero, porque tiene en su génesis el mismo antiguo testamento del peronismo. Los mismos principios, las mismas tablas de la ley, el mismo Dios. Resulta muy importante comprenderlo para no caer en el error de esperar una metamorfosis milagrosa que haga de la Argentina un país de libertad económica, de progreso, de respeto por la ley y de meritocracia. Y luego, porque Cambiemos le teme a la calle. Ese miedo es aprovechado por su amebiásico rival coprotagónico para impedirle obtener un objetivo nacional vital: que el Estado retome el monopolio del orden social y logre garantizarlo.

El principio del orden social —que nada tiene que ver con la represión, como ha instalado el gramscismo que necesita la disrupción— es la condición de partida para el bienestar de los pueblos, enseñan todos los pensadores de la libertad desde el siglo pasado. Es ese principio el que permite que las democracias funcionen, ya que sin él el mandato de las mayorías es bastardeado por la turba y el respeto a las minorías cede ante la prepotencia.

Justamente es ese principio el que permite hacer reformas antipáticas pero imprescindibles, y el surgimiento de estadistas que sacrifiquen el aparente bienestar instantáneo en pos de un futuro sólido. Eso es lo que tratan de garantizar casi todas las Constituciones, para que gobernar no sea un sistema de plebiscito continuado, de decisiones emocionales sin ponderación o de reacciones viscerales espontáneas y caóticas.

El peronismo no necesita el orden social, porque su mecánica vertical y totalitaria y el manejo orgánico de las masas inorgánicas que lo caracteriza le dan los permisos para atropellar todos los principios, hasta los de las matemáticas y la economía. Cambiemos, temeroso de las masas, cree que el orden social puede reemplazarse por el plebiscito continuado de las redes o las encuestas, o con la negociación con las mafias piqueteras e intermediarias de subsidios.

La herencia de poison pills de Cristina, que fue adida sin beneficio de inventario, requería de una cirugía mayor no solo en el manejo presupuestario, sino en lo conceptual, en la filosofía misma que debe regir al país para permitir que 43 millones de habitantes encuentren sus oportunidades y su bienestar. Pero fuera de las frases presidenciales, eso no se plasmó en la práctica. Fue entonces diluida en el gradualismo, con la esperanza de que el crecimiento taparía los agujeros de la irresponsabilidad fiscal. El concepto ocultaba —o exhibía— la ignorancia sobre el funcionamiento del estatismo, que, como un cáncer, usa la gradualidad de cualquier ataque a su dispendio para neutralizarlo, ganar tiempo y reproducirse.

La frase "si hacemos lo que hay que hacer, nos incendian el país" es el resumen perfecto de la incapacidad de ejercer el monopolio del orden social, de la falta de convicción en las ideas, de las fragilidades ideológicas del Gobierno y de su oposición, del genoma de ambos. Gradualismo es, finalmente, sinónimo de postergación, de temor, de inacción. De no hacer la quimio para no molestar al enfermo.

El remedio, que fue el endeudamiento para seguir gastando de más, conformó a todos, Gobierno, oposición y sociedad, finalmente todos peronistas, como decía sabiamente el fundador del movimiento. Y gozó del apoyo del Congreso propio y ajeno en todo lo que fuera por ese camino irresponsable. A eso se le llamó "colaborar con la gobernabilidad".

El estallido de la inexorable crisis hizo creer a los ilusos que el miedo al default, a la quiebra, a otro 2001, haría reflexionar a todos los protagonistas y que finalmente se encararían los cambios en el sistema de gastos e impuestos ruinosos. No solo por el apoderamiento de riqueza de los privados, sino por el efecto de desestímulo que eso tiene en la creatividad, el esfuerzo y la inversión.

Para eso, se soñaba con que la presencia del Fondo obligaría a un manejo ortodoxo del presupuesto. Vano sueño. El FMI no es capitalista. Es un ente burocrático político que hasta se sensibiliza como una vecina de Palermo con el discurso de "la pobre gente", aunque por razones menos nobles. Está más cerca del socialismo supuestamente moderno de Cambiemos que de cualquier modelo de competencia y eficiencia.

El reclamado acuerdo patriótico, la triste política de Estado a la que se ha arribado, es aumentar los impuestos y cobrar nuevos para seguir manteniendo este nivel de gasto, que además de altísimo es totalmente ineficiente, porque no surge de ningún plan o programa, sino que es un modelo acumulado de robo y repartija que se recicla desde siempre. El modelo es lo que se llamaría ridículamente "socialismo moderno". Un formato de gabelas y confiscaciones, que puede ser factible por un tiempo largo en las economías desarrolladas, como las europeas, pero que son garantía de hambre y pobreza en los países subdesarrollados o infradesarrollados.

El ministro del Interior declaraba que en esta hora de dificultad se justificaba el aumento del impuesto al patrimonio porque "los que más tienen son quienes más deben contribuir". Imposible encontrar una definición más precisa de una política que amalgame tan perfectamente al peronismo, a Cambiemos y al socialismo moderno presupuestario. Lo que deja claro que el gradualismo ha muerto, como dijo el Presidente, pero no en el sentido de acelerar la baja del gasto, sino en el sentido de que ha sido reemplazado por un sistema de déficit cero basado en la confiscación de la riqueza y una cuchillada artera a la producción, la creatividad, la inversión y el ahorro. Con la bendición del Fondo Monetario, por supuesto. El gasto, improductivo, injusto, deformante, corrupto y paralizante, sigue impertérrito. El sistema perverso ha encontrado el modo de sobrevivir.

El espanto sirvió para silenciar las quejas y las reacciones con la amenaza de la quiebra generalizada, amenaza que ha obrado como el nuevo enemigo externo que necesitaron siempre los autócratas económicos para sojuzgar a los pueblos. Los pobres, los desocupados, los jubilados, la pobre gente, en resumen, sirvieron una vez más de excusa para que el fascismo estatal-empresario-sindical que instaurara Juan Perón siguiera reinando.

Seguramente surgirá el argumento escuchado tantas veces de que este no es el momento oportuno para hacer ninguna reforma de fondo, que hay que esperar quién sabe qué instancia milagrosa, qué triunfo electoral, qué circunstancia externa, para encarar los cambios que todos declaman como imprescindibles, pero que nadie emprende.

El miedo lleva siempre a abrazarse al Estado, como al señor feudal de otrora. El olvido o la incapacidad de leer la historia llevan a no advertir la repetición de un mecanismo permanente de sumisión frente al saqueo del bienestar y de futuro. "Íbamos a ser Venezuela", se escucha. Habrá que rezar para que el uso del pretérito sea adecuado.

Para no llevarse una nueva sorpresa, es importante aclarar que este acuerdo tripartito (FMI, Cambiemos y peronismo) no evita los efectos de la irresponsabilidad económica, ahora menos visibles tras la devaluación que "da pedal". Con lo que solo se ha ganado un respiro —carísimo para los privados no socios del Estado— con un mayor endeudamiento y un nuevo paquete confiscatorio impositivo que ha llegado para quedarse.

La pesadilla retornará, porque el problema de fondo no desapareció ni se hizo nada para ello. Claro que siempre habrá otra tormenta externa, otro imprevisto, otro contexto internacional desfavorable, otro "mundo que se nos caiga encima", otro error por exceso de optimismo, para echarle la culpa de la próxima crisis. Argentina está condenada a vivir un eterno 2001.