Crecen los llamamientos y las exhortaciones a Cambiemos para que convoque a alguna clase de gran acuerdo nacional, con objetivos patrióticos, superiores o en busca del país que la sociedad merece, con metas a alcanzarse en 10 o 20 años, como decía ayer monseñor Mario Poli. Esos llamamientos incluyen cambios constitucionales, leyes de coparticipación y una serie de planteos seguramente indisputables y encomiables.

Todo ello en un país que, solo para citar algunas muestras, todavía no ha permitido que Odebrecht delate a quiénes pagaron y recibieron coimas por la obra pública. Ni ha podido acordar un sistema educativo mínimamente aceptable, ni aplicar un sistema de expediente digital en la Justicia, ni siquiera un sistema de sorteo de juzgados decente. Y que sigue pagando indemnización como desaparecido a la familia de un muerto que huía de las fuerzas de seguridad.

Esta columna ha descreído sistemáticamente de los grandes acuerdos -poner los links ocuparía demasiado espacio-, tanto por las lecciones de la historia como por el análisis de los personajes involucrados. No hay ninguna razón para suponer que esta vez ocurriría algo diferente.

Desde otro ángulo, parece algo pueril esperar que el peronismo, con cualquiera de sus personalidades y disfraces, desaproveche la enorme oportunidad política que le sirvió en bandeja Cambiemos al desperdiciar el respaldo y el crédito electoral de los dos primeros años de gobierno con su seudogradualismo en cámara lenta, para luego rematar ese regalo con el nuevo desperdicio del triunfo en las elecciones de medio término al enredarse en una lucha intestina amateur que poco menos fabricó una crisis innecesaria y casi injustificada.

El FMI es el enemigo perfecto para reunificar, resucitar y relanzar al justicialismo bueno (no usado como calificativo) y no solo se sacaría el mochuelo del desastre kirchnerista, sino que podrá alegar en 2019 su propia herencia recibida, y con un poco de suerte hasta ser percibido como una buena alternativa interna y externamente si el Gobierno no logra salir del laberinto en que se ha metido. Las consideraciones patrióticas y de responsabilidad suelen diluirse cuando llegan las facturas de la luz con aumento o cuando faltan fideos en las góndolas.

Además del país parado e incendiado al que tanto temía Cambiemos, la aplicación de cualquier plan de seriedad económica, con o sin la inspiración del Fondo, encontrará grandes obstáculos legislativos, que impedirán o neutralizarán cualquier accionar, y, lo que es peor, que seguirán dejando en suspenso cualquier proyecto de inversión y encareciendo o dificultando el crédito, limando tanto la credibilidad como la economía real.

Si se abandona el pensamiento grandilocuente, es posible intentar un enfoque simplificador y políticamente viable, lo que no significa fácil. Mauricio Macri tiene derecho a exigir un instrumento que no se le puede negar sin arriesgarse al repudio interno y externo, sobre todo si, como una excepción, ese reclamo es manejado política y comunicacionalmente del modo adecuado. Debe redactar e impulsar un proyecto de ley de emergencia económica, que le permita realizar los cambios presupuestarios imprescindibles para que el país no entre en un tirabuzón con resultados que es mejor soslayar aquí.

Los alcances de la legislación requerirían, por supuesto, de duras negociaciones, sobre todo si se permitiera limitar algunos de los mecanismos de reclamo, obstrucción, sabotaje y protesta paralizantes que se adivinan en el horizonte. Pero la norma guardaría correlación con la autorización del Congreso en su momento para la salida del default y la toma de deuda adicional, que han desembocado en esta crisis actual, y que se originaron finalmente en el explosivo desmanejo comercial, monetario, cambiario y presupuestario de quienes ahora se erigen en custodios y árbitros de la prudencia financiera.

En términos de los intereses políticos, el formato tiene la ventaja de que las medidas en sí serían cuerda del Ejecutivo, con lo que se soslayaría el supuesto desgaste que el conglomerado opositor dice no querer sufrir si cada cambio requiriese una ley, costo político que sería facturado a Cambiemos con el mecanismo que se sugiere. Y el mero hecho de haber tenido que recurrir al Fondo justifica, más allá de toda duda o discusión, el dictado de una ley de las características descritas.

Por otra parte, no debe olvidarse que Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y su cónyuge usaron y abusaron de una ley de emergencia económica que se originó en la crisis de 2002, que siguió vigente cuando era evidentemente innecesaria, y se prorrogó en 2015, con la que el peronismo-kirchnerismo gobernó y desgobernó a su voluntad durante 15 años, con la obediente, sistemática y ovejuna condescendencia delegada y silenciosa del Congreso, mayoritariamente integrado hoy por los mismos personajes.

Solo para comenzar esas negociaciones, habría que recordar el primer artículo de aquella ley de piedra libre presupuestaria de que gozó el peronismo sin distinción de apodos, que ahora debería garantizar al Gobierno por sobradas y similares razones: "Declárase con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley".

No será tan fundacional como un gran acuerdo nacional, como ya soñaban el general Lanusse y luego tantos otros, pero tal vez tenga la ventaja de ser posible. Los acuerdos fundacionales hay que dejarlos para los estadistas.