Hace tres años expresé en este mismo medio que mi aspiración era que la denuncia de Alberto Nisman no muriese con él. Fue el mismo día que apareció el cuerpo sin vida en su casa, asesinado, sin duda.
Si el Gobierno anterior hubiera logrado que esa denuncia se olvidara, habría triunfado la impunidad del más grave delito cometido por aquella administración y, además, la vida de Nisman se hubiese extinguido en vano, sin ningún sentido. Resulta imprescindible recordar que se denunciaba a un gobierno de haber encubierto a los autores intelectuales del atentado terrorista más grave sufrido por la Argentina.
Fue una dura lucha contra los más altos funcionarios de ese momento, convertidos de un día para el otro en voceros que denostaban a Nisman por los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. También contamos con la resistencia de órganos judiciales partidarios del oficialismo de entonces, que se negaron durante dos años a darle curso a la denuncia del fiscal, arguyendo razones legales que no resistían el menor análisis.
No lo lograron. La sociedad argentina se plantó, como si hubiese dicho: "Basta, hasta acá llegaron". Su férrea posición en contra de la muerte política más grave de todo este período democrático se expresó en silencio, con cientos de miles de argentinos en las calles, a pesar de la intensa lluvia de aquel 18 de febrero de 2015. Sin ese respaldo y esa convicción republicana, quienes participábamos en los expedientes judiciales no hubiésemos podido seguir adelante.
La única satisfacción que hoy podemos expresar en torno a sucesos tan penosos es la del deber cumplido. Entre todos logramos que su denuncia se investigara y hoy estén procesados (y algunos presos) los más altos funcionarios del Gobierno anterior, incluida la ex Presidente. Es un comienzo que deja una esperanza, la de avanzar en esta investigación y en la de su asesinato. Nisman no murió en vano, muchos argentinos se involucraron para que ello no ocurra. Son los mismos que quieren vivir en paz. Eso nada más, y nada menos.
El autor es fiscal general ante la Cámara del Crimen. Impulsor de la marcha 18F, fue el primero en dictaminar que Alberto Nisman había sido asesinado